Autor: Rómulo Betancourt
Título: La Ley de Impuesto Territorial en el estado Apure
Fecha de publicación: 04-03-1938
Publicación: Diario Ahora

Le ha correspondido a la legislatura del estado Apure, una de las pocas del país animadas del espíritu renovador, iniciar en Venezuela el primer ensayo de tributación sobre las tierras poseídas en exceso.
En efecto, los legisladores apureños han elaborado y aprobado una Ley de Impuesto Territorial. No obstante su manifiesta timidez, significa en Venezuela esa Ley uno de los primeros esfuerzos intentados contra el acaparamiento de grandes extensiones de tierra.
Esta Ley de Impuesto Territorial consta de un articulado simple y limitado. No la precede una aparatosa exposición de motivos. Esto la hace más estimable. Si sus redactores y aprobantes la hubieran adjetivado con las parrafadas al uso, calificándola como "medida salvadora", no podríamos menos que desmenuzarla y revelar cómo apenas roza la superficie de un ingente problema regional y nacional. Empero, ese no fue el procedimiento I seguido por los legisladores apureños. Han redactado una ley sin grandes audacias, mas reconociendo lo tácitamente, al no promulgarla con ampulosos aditamentos.
La Ley que comentamos fija un impuesto, anual, de dos (Bs. 0.2) céntimos de bolívar por hectárea de tierras de propiedad particular, "en explotación o por explotarse, y cualquiera que sea el fin a que se les tenga destinadas, o a que se le piense destinar".
Incide el impuesto sobre los extensos latifundios, no afectando la propiedad media y pequeña. Sólo será cobrado a quienes posean más de 2.500 hectáreas de tierra.
Se cobrará el impuesto por semestres vencidos. Sobre los pagos en mora cobrarán las Rentas del Estado un interés de 1 %. En ningún caso podrá hacerse capitalización de intereses.
El impuesto se fijará de acuerdo con las declaraciones, sobre el volumen de las hectáreas poseídas, que hagan los interesados. Si con intención dolosa un propietario declara poseer menor cantidad de tierras de la que en realidad tiene, sufrirá la sanción de pagar el doble del impuesto correspondiente.
La Ley deja también a salvo los derechos y privilegios del Ejecutivo Federal y de las Municipalidades, en cuanto a las tierras baldías ejidales.
Esta legislación apureña, como se deduce de la información que sobre ella damos, no tiene absolutamente nada de heterodoxa y radical. Más bien, como ya observamos, peca por el extremo opuesto. Es en verdad muy tímido, y de poco servirá como correctivo a la geofagia de los acaparadores de tierra, un impuesto anual de dos céntimos sobre las hectáreas que posean por encima de ese límite fijado de 2.500 unidades.
No obstante eso, tiene su importancia indiscutible. Revela, de un lado, preocupación por el problema de la tierra en la legislatura de uno de los típicos estados semifeudales de la República. Y del otro, comprueba, aun cuando decir esto es casi incurrir en una perogrullada, que en Venezuela sí existe problema agrario. Tan existe que una legislatura integrada por personas en su mayor parte acomodadas, y aun propietarias de haciendas, no ha tenido inconveniente en reconocer públicamente la existencia de ese problema, y de legislar con el propósito de ponerle un correctivo.
No obstante su timidez, no obstante no ir al fondo mismo de la cuestión agraria, la Ley de Impuesto Territorial apureña parece amenazada del serio peligro de morir en estado fetal.
Y es que en Apure, como en el resto de la Nación, quienes están apegados a. formas de vidas periclitadas y caducas -propicias, además, a sus muy particulares intereses- ya saben cómo se obstruye el camino al progreso social. La sentencia anulatoria de un tribunal es capaz de frustrar cualquier legislación en pugna con las Partidas, el Código Napoleón o cualquiera otro de los anticuados infolios jurídicos en que están basadas la Constitución y las leyes fundamentales del país. Parece ser la trajinada vía > la que piensan recorrer los elementos regresivos de Apure para echar por la borda la Ley de Impuesto Territorial. Por lo menos, a maniobras con tal finalidad alude en una de sus ediciones el semanario Cordura, de San Fernando. Este periódico, bien caracterizado por su lealtad a fórmulas conservadoras, no puede menos que protestar de tal intento. Y de respaldar, resueltamente, la Ley promulgada. En nota editorial, dice ese periódico, refiriéndose a la indiscutible justicia de la legislación sobre impuesto territorial: "Nos parece racional que los grandes terratenientes, los grandes ricos en fincas rurales, ligados al Estado por una correlación de derechos y deberes, incluyan en éstos el de ese pago, que de moderado pasa a ser tímido y que probablemente no compensa las sumas que el Gobierno consume en la protección de esos mismos contribuyentes".
Llamamos la atención de los legisladores del país -miembros de asambleas estadales o del Congreso- acerca de la ruta abierta por los diputados de Apure. El problema agrario venezolano tiene que ser abordado, con resolución y valentía. No podrá avanzar la Nación mientras la aplaste el peso muerto de una estructura agraria antieconómica, anticuada y profundamente injusta.