Autor: Rómulo Betancourt
Título: Significado y trascendencia de la nacionalización de la Industria del Petróleo en México
Fecha de publicación: 23-03-1938
Publicación: Diario Ahora

Posiblemente, en las últimas cinco décadas de historia americana no se ha tomado una medida gubernamental de envergadura semejante a ésta de México, al nacionalizar su industria petrolera.
Es cierto que la administración boliviana del coronel Toro, insospechable de tendencias socializantes, ya había nacionalizado, con fecha 13 de marzo de 1937, las concesiones de la Standard Oil of Bolivia. Mas, las circunstancias son diferentes. Bolivia tiene una producción anual de aceite que se expresa en centenares de barriles, consumidos en su mayor parte en el mercado interno. México, en cambio, lanza anualmente a los mercados consumidores casi 40 millones de barriles de petróleo; y tiene una capacidad virtual de producción que supera sensiblemente a esa cifra. Las inversiones de capital aceitero en Bolivia son reducidas; en cambio, en México las 17 compañías norteamericanas e inglesas allí operantes tienen aplicado muchos millones de dólares y de libras esterlinas en las construcciones alrededor de los pozos, en las magníficas refinerías y en la red de distribución de carburantes, extensa en una nación tan poblada y de tan vastas posibilidades como consumidora de los productos derivados del aceite mineral. Bolivia, por último, es una nación "embotellada", sin costas sobre el mar. México tiene extensas costas abiertas y una larga, vulnerable frontera terrestre con el Estado que alguna vez expresó, por boca del Presidente Calvin Coolidge, el propósito >
El discurso pronunciado por el presidente de México, General Lázaro Cárdenas, con motivo de la adopción de la medida nacionalizadora, fue reproducido en nuestras columnas. Constituye un alegato razonado y valiente en defensa de la tesis traducida a decreto por el Gobierno de México. Las compañías, declarándose insolventes, se niegan a cumplir un fallo condenatorio del más alto tribunal ordinario de la República azteca. Adelantándose a ese fallo, las compañías habían retirado sus depósitos bancarios de las instituciones de crédito establecidas en México. Le ejecución de la sentencia resultaba así imposible, por no existir bienes en numerario de las compañías, susceptibles de ser objeto de un embargo. La industria quedaba de hecho paralizada, con grave perjuicio de la economía mexicana en su conjunto, por cuanto la sentencia de la Alta Corte hizo cesar, automáticamente, los contratos de trabajo entre las empresas y los obreros de la industria. Quedaban dos caminos abiertos: o proceder al embargo de los bienes y pertenencias de las empresas, acudiéndose a los lentos y engorrosos procedimientos ordinarios; o bien apelar a las disposiciones expeditivas y claras de la Ley de Expropiación. Este instrumento legislativo no tiene el carácter de una ley de excepción. Consagra, aun cuando en forma más generalizada, el principio universal de legislación positiva que autoriza al Estado para expropiar por causa de utilidad pública, y previo el pago de indemnización, bienes pertenecientes a particulares. Fue aplicando las disposiciones de esta Ley que la Administración Cárdenas nacionalizó la industria del petróleo, comprometiéndose a cancelar en un plazo de 10 años la cantidad de 400 millones de dólares, en que fue estimado el valor de las inversiones estadounidenses y británicas en esa industria.
Del mismo modo que Bolivia creó un organismo especial para administrar la industria petrolífera nacionalizada (la Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos), el Gobierno mexicano ha constituido una comisión administradora de los bienes restituidos a la Nación. La integran delegados del Ministerio de Hacienda, el Ministro de Economía -ingeniero Buencastro y tres representantes de los sindicatos de trabajadores del petróleo.
¿Cuál actitud van a asumir las compañías ante ese acto de soberanía, de aplicación valerosa de sus propios estatutos legales, ejecutado por el Gobierno de Cárdenas?
Ante actuaciones más tímidas de anteriores administraciones -la de Carranza, la de Obregón, la de Calles antes de su pacto con Mr. Morrow- las empresas aceiteras acudieron a su última ratio de los pronunciamientos armados. El presidente Cárdenas, en su discurso, repite lo que ya una vez resonó, a través de los labios del magnate aceitero Doheny, en el propio recinto de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Nos referimos al apoyo, abierto o disimulado, que determinados y poderosos intereses aceitíferos extranjeros prestaron a facciones insurgentes mexicanas.
Hoy parece difícil que utilicen, con éxito, esa arma ayer tan eficaz. El corresponsal en México del gran diario norteamericano New York Times, Mr. Frank L. KIuckhonhn, escribía palabras muy significativas en la edición de ese rotativo de fecha 21 de noviembre de 1937. Negaba de plano la posibilidad de éxito a un levantamiento armado contra un Gobierno tan firmemente respaldado por el consenso de la opinión popular, como lo es el presidido por el general Lázaro Cárdenas.
¿Intervención diplomática? Se ha puesto en prueba la política del > Y hasta ahora –deber es reconocerlo- la actitud de la Secretaría de Estado ha sido de calculada prudencia. Mr. Hull se ha limitado a anunciar que en la cancillería estadounidense se estudia con cuidado el texto de la legislación aplicada por el presidente Cárdenas. El embajador Daniels -de muy conocidos antecedentes, por otra parte, como devoto de los procedimientos de > -ha dado unas declaraciones tan conciliadoras en Ciudad de México, que El Heraldo, de esta ciudad, al publicarlas, le puso por título: > En todo caso, la presión diplomática encontraría a un pueblo dispuesto a respaldar solidariamente, ante toda contingencia, la enérgica, la valerosa actitud de sus gobernantes.
En esta coyuntura, Venezuela no es espectadora. Es actora de primer plano. El drama no tiene por escenario a México exclusivamente. Sobre la ancha extensión americana se proyectan las perspectivas históricas de ese gran acontecimiento mexicano. Particularmente cobra interés lo sucedido en la tierra de Benito Juárez para países como Venezuela, Colombia Perú, inscritos entre los grandes petrolíferos del mundo.
La actitud que, en concepto nuestro, debieran adoptar estos pueblos, la fijaremos en un segundo comentario. Y conste, de manera explícita, que no profesamos una inconsulta y apasionada xenofobia. Afirmamos la necesidad en que están nuestros pueblos, de economía rudimentaria y sin grandes reservas propias de capital y de técnica, de recibir y de asimilar las que vengan de los países de alto desarrollo industrial. Empero, somos al mismo tiempo decididos y convencidos adalides de la tesis de que ni la soberanía nacional ni el mañana de las naciones deben salir vulnerados de nuestras relaciones con el capital extranjero. Defender su autonomía histórica y poner a salvo su gran riqueza minera de la incontrolada explotación extranjera es lo que ha hecho la administración de Cárdenas de México.