Autor: Rómulo Betancourt
Título: El problema de la tierra en Anzoátegui
Fecha de publicación: 31-03-1938
Publicación: Diario Ahora

La Asamblea Legislativa del estado Anzoátegui, en sus más recientes sesiones, introdujo el siguiente artículo en la Constitución del estado: El estado favorecerá la conservación y difusión de la mediana y pequeña propiedad rural, y podrá, mediante los trámites legales y previa indemnización, explotar tierras no explotadas de dominio privado, para divididas o para enajenadas en las condiciones que fije la Ley Nacional correspondiente.
Esta disposición tiene una gran importancia. Es el reconocimiento expreso de que en el estado Anzoátegui existe un problema agrario, un problema de injusta distribución de la tierra. Hace días, comentando en esta misma sección la Ley de Impuesto Territorial del estado Apure, significábamos la importancia de estas explícitas aceptaciones oficiales de una realidad negada sistemáticamente por quienes afirman que existe en Venezuela un problema agrícola y no un problema agrario.
Indudablemente que en Venezuela tenemos planteado un problema agrícola. El empirismo en el cultivo de la tierra que sólo en determinadas formas de producción se realiza mediante sistemas técnicos y maquinizados; la falta de seguridad de mercados para los frutos; los altos costes de transporte de los frutos a los lugares internos de consumo o a los puertos por donde se exportan al exterior, son otros tantos aspectos del problema agrícola del país. Empero, al lado de él, coexistiendo con él, existe un problema agrario, consistente en la antieconómica e injusta apropiación, por minorías de grandes propietarios de las mejores tierras del país. Las situadas en las cercanías de los mercados de consumo y a orillas de vías de comunicación -tierras éstas que son las únicas reconocidas como "rentables" por la ciencia económica, pertenecen a una casta privilegiada, versión criolla de los landlores ingleses.
La Asamblea Legislativa de Anzoátegui hoy, como la de Apure ayer, ha zanjado la disputa teórica entre quienes niegan y quienes aceptan la existencia de un problema agrario en el país. Ese aparte 1º del artículo 9 de la Constitución de Anzoátegui bien puede no traducirse en hechos, por incuria de los gobernantes o por miedo para herir la hipersensible epidermis de los señores de la tierra. Mas, allí está explícitamente reconocido, sirviendo de sólido punto de apoyo para las exigencias del campesinado pobre, el fenómeno de concentración de la propiedad agraria.
El periódico Analfabeto, de Valle de Guanape -ejemplar en su constancia y consecuente en toda hora con su posición de vocero de aspiraciones colectivas- comenta en esta forma el artículo sobre el problema agrario incorporado a la Constitución de Anzoátegui:
Este mandato que consagra nuestra Constitución Estadal satisface las más grandes aspiraciones de esta colectividad, que observa con intenso dolor cómo sus trabajadores se ven diariamente acosados por los dueños de tierras -quienes los obligan a pagar contribuciones onerosas- con la inseguridad de que en cualquier momento los mandan a desocupar el terreno que cultivan y al cual han dedicado las actividades todas de su vida. Igualo peor cosa sucede con los latifundistas, que sin ningún título de propiedad y sólo porque han estado en posibilidad de comprar unos cuantos rollos de alambres de púas, retienen bajo cerca, indebidamente, grandes extensiones de terrenos que necesitan ser cultivados, pero que no ceden a nuestro campesino sino con la condición de amos, arrebatándoles inhumanamente lo que producen y obligándolos a dejar el campo plantado de yerba guinea, para ayudar a la devastación de nuestra flora". Este mandato que consagra nuestra Constitución Estadal satisface las más grandes aspiraciones de esta colectividad, que observa con intenso dolor cómo sus trabajadores se ven diariamente acosados por los dueños de tierras -quienes los obligan a pagar contribuciones onerosas- con la inseguridad de que en cualquier momento los mandan a desocupar el terreno que cultivan y al cual han dedicado las actividades todas de su vida. Igualo peor cosa sucede con los latifundistas, que sin ningún título de propiedad y sólo porque han estado en posibilidad de comprar unos cuantos rollos de alambres de púas, retienen bajo cerca, indebidamente, grandes extensiones de terrenos que necesitan ser cultivados, pero que no ceden a nuestro campesino sino con la condición de amos, arrebatándoles inhumanamente lo que producen y obligándolos a dejar el campo plantado de yerba guinea, para ayudar a la devastación de nuestra flora>.
Sin dejar de reconocer la importancia de la declaración estampada en la Constitución de Anzoátegui -aun cuando no fuera sino por el hecho de reconocerse oficialmente la existencia de un problema negado por muchos-, creemos poco en la eficacia de estas acciones inconexas y fragmentarias.
El problema agrario no es local en éste o en aquel estado. Es un problema nacional. Afecta a la totalidad de los estados y territorios de la República. Por consiguiente, debe ser abordado con un criterio de conjunto con una visión venezolana.
Razonando así es que hemos venido preconizando, desde esta columna, la necesidad de que el Congreso aborde la cuestión de la tierra. Este vasto y dramático problema, tan agudamente planteado en nuestro país, ha sido abordado en una abrumadora mayoría de países civilizados por las Cámaras Legislativas, emitiéndose leyes nacionales de reforma agraria.
Faltan muy pocos días para la reunión ordinaria de las Cámaras. Y es oportuno insistir sobre la cuestión. Antes que tanto proyecto legislativo e interesado o inocuo, debe discutirse en el Congreso en vísperas de sesionar, un proyecto de reforma en el régimen de propiedad de la tierra. Los Diputados y Senadores de los estados más azotados por el latifundismo tienen el deber de no venir a sus curules con las manos vacías. Prestará un invalorable servicio a la economía y al hombre venezolanos el representante parlamentario que elabore y defienda un proyecto, progresista y democrático, de reforma agraria.