Autor: Rómulo Betancourt
Título: Control sobre erogaciones oficiales, tributos nuevos a los capacitados para pagarlos y no necesitaremos empréstitos
Fecha de publicación: 13-06-1938
Publicación: Diario Ahora

Hemos defendido, con el ardor que ponen en sus actitudes los hombres de convicciones profundas, la tesis antiemprestista. Nos hemos pronunciado categóricamente contra la emisión, o empréstito, de 200 millones de bolívares cuando de las páginas de todos los diarios no surgía sino el elogio indiscriminado a la totalidad del Plan Trienal.
y frente al arbitrio emprestista, como su substituto viable, hemos señalado una fuente virgen de donde extraer recursos nuevos para el Estado: la del impuesto directo sobre la renta y el exceso de beneficios.
No vamos a insistir hoy sobre este tema. Lo hemos trajinado bastante, aportando elementos de prueba en ese expediente que urge formar en Venezuela contra la expoliadora tributación indirecta y en favor de un sistema rentístico fundamentado en el impuesto directo.
Nos ocuparemos de señalar una medida que, coincidiendo con la del establecimiento de los impuestos en referencia, puede y debe contribuir a aumentar los recursos en dinero aplicables por el Estado a obras de verdadero aliento.
Nos referimos al celoso control sobre las inversiones de los dineros públicos. Al celo intransigente para impedir que continúe aplicándose una buena parte de los fondos comunes a gastos o superfluos, absolutamente negativos.
Esta reflexión se nos ha ocurrido leyendo en El Universal el libelo de la demanda intentada por una agencia publicista de Caracas contra el representante del diario Excelsior, de México.
Allí nos enteramos de que los Gobiernos de los estados Aragua, Carabobo, Guárico, Yaracuy, Trujillo, Táchira y Mérida contrataron con ese periódico la publicación de 12 páginas de auto propaganda, por valor de Bs. 1.200 cada una. El Gobierno del estado Zulia -el cual, seguramente, no tiene mucho que exhibir en su favor y sí bastante de lo cual defenderse- contrató 12 páginas, por valor de Bs. 12.400. Estos contratos de gobernantes interesados en fabricarse, a tanto la cuartilla, una reputación como administradores de la cosa pública, coexisten con los de las compañías petroleras Lago y Standard. Ambas cubrieron páginas enteras del diario mexicano -muy vinculado a intereses aceiteros, según la afirmación del propio presidente Cárdenas, cuando en un célebre discurso aludía "a cierta prensa antipatriota"- con reportajes donde se presenta como idílica la situación de los trabajadores sometidos a su implacable dominio.
Nosotros, claro está, no podríamos objetar a las erogaciones hechas por las compañías petroleras con fines de publicidad, sino el hecho de no destinar ese dinero a mejorar las habitaciones pésimas de sus trabajadores. En cambio, tenemos el derecho y el deber irrenunciable de criticar los gastos hechos con el mismo destino por gobernantes regionales.
Es inconcebible que mientras nuestra población rural carece de las más elementales ventajas que brinda la civilización; que mientras medio millón de niños estén sin escuela; que mientras haya escolares que se desmayan en plena clase por falta de alimentación, estén invirtiéndose dineros de la colectividad en pagar ediciones grotescas de periódicos internacionalmente desprestigiados.
Esos periódicos no vacilan en llevar sus mentiras al extremo del absurdo. Se dio el caso de un gobernante regional –el presidente Rolando, de Anzoátegui- que desmintiera públicamente el recuento hecho en las páginas de la susodicha edición de las obras realizadas bajo su administración. Un ciudadano alerta exigió públicamente a aquel funcionario que aceptara o no la responsabilidad del informe falso, basado en una larga lista de obras y mejoras públicas no realizadas, que apareciera en el periódico aventurero. Y el presidente Rolando dirigió un remitido a los periódicos, conocido de nuestros lectores, donde aseguraba no haber dado los informes criticados al cronista fantaseador.
Estos hechos que comentamos revelan una viciosa propensión de algunos gobernantes regionales a sufragar un costoso auto-bombo con cargo al erario, y sin importarles para nada la crítica severa de la prensa libre. En efecto, este affaire del Excelsior tiene lugar pocos meses después de haberse hecho denuncia por órganos responsables de la opinión de las injustificadas y voluminosas inversiones aplicadas al llamado "Anuario Americano".
Venezuela -lo decimos hoy y lo comprobaremos, con cifras, en nuestro artículo de mañana- tiene uno de los presupuestos estatales más altos de América. Pero nuestro régimen administrativo está viciado de tantas taras seculares que los recursos del Estado no se aplican, en su totalidad, a tareas verdaderamente creadoras, venezolanistas, grandes.
Y esto -que lo saben bien ciertos periodistas muy "hábiles"- determina un éxodo frecuente de comerciantes con elogios hacia nuestras playas. Aquí encontrarán el gobernante bien dispuesto a distraer dinero que reclama la agricultura, la sanidad, la escuela, para aplicarlos al pago de panegíricos tarifados.