Autor: Rómulo Betancourt
Título: Trascendental debate parlamentario sobre el tema de las refinerías nacionales
Fecha de publicación: 18-06-1938
Publicación: Diario Ahora

Concluimos uno de nuestros comentarios al debate parlamentario suscitado hace varios días en el Senado, sobre el tema de las refinerías nacionales, con estas palabras:
"No se ha pretendido que, de una vez, la Nación refine por cuenta propia los 180 millones de barriles de aceite crudo que producen los pozos de la República. Una fórmula lógica sería la de que una parte de ellos -la suficiente para abastecer el mercado interno- sean refinados en una empresa estatal. Y el resto de la producción, sea refinado en Venezuela, por empresas concesionarias. Más, reservándose la Nación el derecho a cancelar esas concesiones y a abordar, directamente, la explotación de la industria de refinación, con carácter de monopolio estatal".
Ha coincidido esta iniciativa nuestra con la posición realmente encomiable, por nacionalista y previsora, que asumió la Cámara del Senado en su sesión del 15 del corriente.
En ella, el senador Romero Sánchez hizo triunfar, respaldando su tesis con sólida argumentación, estos dos artículos, que quedaron incorporados por el Senado al proyecto de Ley de Hidrocarburos en discusión:
- Artículo 29. Se declara servicio público, que interesa a la defensa nacional y al desarrollo de las industrias, la manufactura y refinación de hidrocarburos y demás minerales combustibles y su distribución en el país. La Nación se reserva el ejercicio de tal industria, que está en su patrimonio.
- Artículo 30. En ejercicio del derecho expresado, el Ejecutivo podrá celebrar convenios especiales para el mejor desempeño de tal servicio público; y procurará las mejores ventajas posibles para la Nación.
- En dichos convenios se estipulará la enseñanza técnica de la industria a ciudadanos venezolanos.
Frente a las dos proposiciones de Romero Sánchez se alzó, como otras veces, la dialéctica socorrida de los enemigos de la injerencia estatal en los procesos económicos. Los mismos que no parecen resentirse de una realidad incontrovertible -señalada en su exposición por el senador Romero Sánchez, como lo es la del control monopolista por dos grandes compañías extranjeras del negocio de destilar y vender carburantes derivados del petróleo. Pero que se alarman hasta del escándalo ante la idea de que sea la Nación, operando a través de organismos estatales, quien substituya a las empresas privadas en el ejercicio de ese mismo control monopolístico sobre la industria de refinación de aceites minerales.
También salió a relucir la manida, inoperante tesis del Estado -mal administrador. ¿Hasta cuándo molerán esa mazurca trasnochada algunos parlamentarios y > de Venezuela? ¿No saben acaso que en todos los países progresistas del mundo están reservados a la Nación las industrias que constituyen por su naturaleza monopolio de servicios públicos, y en todos esos países el Estado renta saneados beneficios de esos monopolios legales?
Se trajo a colación, igualmente, el ordinal constitucional que condena los monopolios. Precisamente, ese ordinal es el que debe esgrimirse contra el monopolio de hecho que las compañías extranjeras ejercen de la producción y distribución de carburantes petrolíferos. Que no hay incompatibilidad entre la vigencia de ese ordinal y la reserva que pueda hacer la Nación de la explotación de determinadas ramas de la economía nacional, lo revela bien la circunstancia de ser monopolios fiscales la producción y venta de la sal, de los fósforos. De interpretarse en un sentido literal ese artículo de la Constitución que salió a relucir en el debate que glosamos, hace ya mucho tiempo que el Estado debió ceder a particulares las salinas nacionales y autorizar la libre introducción o libre fabricación de los fósforos. No lo ha hecho por las mismas razones que militan en favor de la tesis de nacionalización de la industria de refinados: 1) porque se trata de verdaderos servicios públicos, los cuales es indispensable substraer a la codicia privada; 2) porque no se opone ni al espíritu ni a la letra de la Constitución el que el Estado declare bajo su exclusivo control y comando a determinadas ramas de la producción.
Nuestro contrincante, senador Muñoz Rueda, leyó una larga exposición. Naturalmente, contrariando la tesis de Romero Sánchez. Ese senador se cuenta entre quienes no se escandalizan por el control inapelable que ejercen en la actualidad las compañías petroleras sobre la industria de refinación, pero a los cuales les produce desasosiego saber que Venezuela pueda sustituir a los consorcios extranjeros en semejante posición. Y fue contestando un argumento del senador Muñoz Rueda -expuesto en uno de los artículos en serie que nos endilgara desde las páginas de La Esfera- que observó el senador Romero Sánchez cómo los enemigos del monopolio estatal de la refinación de petróleo citan la opinión en contra del ex ministro de Fomento, doctor Gumersindo Torres, y no aquella frase lapidaria suya: Las compañías petroleras se llevan nuestro petróleo y el Gobierno de Venezuela les paga para que se lo lleven.
Es de esperarse que Diputados no de una notación de antivenezolanismo rechazando las reformas introducidas por el Senado en la Ley de Hidrocarburos.
Y es de esperarse también que el Ejecutivo se coloque a la altura de sus responsabilidades históricas, utilizando sin dilaciones el instrumento de defensa nacionalista que el Congreso pondrá en sus manos.
En el Plan Trienal se prevé la erogación de la cantidad requerida para la construcción de una planta nacional de refinación. Una planta del Estado, controlada por el Estado, con dinero del Estado. Esa refinería nacional de petróleo, capaz de asegurar la distribución de carburantes en el mercado interno, debe ser una realidad muy pronto. Venezuela debe consumir gasolina, gas-oi! y demás derivados de su petróleo a precios bajos, refinados en planta propia y previo desplazamiento legal del mercado nacional de todo concurrente extranjero.
Al mismo tiempo, deben tomarse medidas enérgicas para lograr que el resto del petróleo que se exporta salga refinado de Venezuela. El establecimiento de las dos grandes refinerías en oriente y occidente, de que habla cierta prensa, debe exigirse imperativamente. Pero no para que suplan el mercado
venezolano --el cual debe reservarse, con carácter de exclusiva, a la refinería estatal- sino para que se manufacture en ellas, y se exporte ya tratado, el mismo aceite que hoy sale en bruto para las refinerías de Aruba, San Nicolás, Curazao, New Jersey.
Nuestra palabra venezolanista y fervorosa respalda la actitud asumida por el Senado. Y exige del Ejecutivo Federal concordancia con esa posición, primera de contenido realmente nacionalista que asume un Congreso de Venezuela en los últimos años.