Autor: Rómulo Betancourt
Título: Al margen de la aprobación del Censo Nacional
Fecha de publicación: 02-07-1938
Publicación: Diario Ahora

Hace algunos días hicimos desde esta columna un comentario breve y discreto acerca de la forma cómo se elaboró el Censo Nacional de 1.936. Más nos hubiera valido no rozar ese tema. La hipersensibilidad ya clásica del funcionario público venezolano dio, una vez más, su fruto acre. El señor Aranguren, comisionado nacional para el levantamiento del censo, nos enrostró (sic) ignorancia y algo más, desde las páginas de los diarios como réplica a nuestro discreto comentario.
Guardamos un filosófico silencio, ya que nos falta tiempo para polemizar con la gente que, con razón o sin ella, se da por aludida cuando lee un artículo de esta sección. Esperábamos la discusión en el Congreso de la Ley especial aprobatoria del Censo Nacional de 1936. Presumíamos que alguna voz se alzaría allí, para denunciar los defectos e irregularidades contenidas en ese trabajo.
No fue una, sino varias las voces que criticaron acremente el censo del 36. El diputado por Cojedes, doctor Medardo Sánchez, llegó a acusar de "mala fe" a los funcionarios que levantaron el censo en aquella entidad federal. No se explica que aparezca Cojedes con 48.000 habitantes, cuando el censo de 1.926 arrojó 82.260. El diputado Bereciartu, quien fue comisionado del Censo en el Estado Anzoátegui, se extrañó que figuraran en el censo de ese estado alrededor de 6,000 indígenas menos de los que él contó personalmente. El diputado Galindo, también de Cojedes, criticó las deficiencias del Censo en su conjunto, por cuanto se limita a registrar el número de habitantes de cada población, en una forma escueta, sin precisarse otros datos que son complementos necesarios de todo censo de población (distribución de los habitantes por profesiones, edades, estado civil, etc.). Y fue aprobado, por último, cuando el diputado Villalobos, aceptando explícitamente las deficiencias del censo, planteó la necesidad de que se aceptara, porque tanto la distribución de los situados como el número de diputados a elegir por cada Entidad Federal no pueden determinarse mientras el nuevo Censo no sea aprobado por el Congreso.
Estos hechos que registramos son los que se expusieron en la Cámara. Otros se deslizaron -suerte datos al oído- en los corrillos parlamentarios. Se hablaba de gestiones, a veces fructuosas, de mandatarios regionales para obtener que se > las cifras de los habitantes de > Estado, y lograr así que sea más cuantioso el situado que se le asigne.
Y es oportuno decir que no le echamos la culpa, de manera absoluta, a los funcionarios que levantaron el Censo. Lo que ha sucedido en 1936 continuará sucediendo en Venezuela mientras no sea una oficina, técnica especializada, de Estadística, la encargada de levantar los Censos de población. Realizados empíricamente por personas que no tienen experiencia técnica en esa tarea, tienen que resultar deficientes, incompletos.
Además, otras circunstancias dificultan la elaboración de un censo ajustado realmente a la verdad. Señalemos algunas.
Debido a la forma como se distribuyen los situados constitucionales - aporte del Estado para sufragar el regodeo de la burocracia provinciana los presidentes y gobernadores de territorio tienen especial interés en que aparezca artificialmente aumentado el número de habitantes de la región bajo su mando. Mientras mayor resulte esa cantidad de habitantes, más pingüe será el presente que, de mes a mes, le gire la Tesorería Nacional. Y esta inmoralidad no concluirá sino cuando un riguroso control sobre la forma cómo en los gobiernos regionales se invierten los dineros de la Nación, le quite a los situados su actual fisonomía de botín a repartir.
Otro factor hay que señalar, como determinante de que los censos no den todo el resultado ambicionable. Nos referimos a ese miedo del pueblo nuestro -a que aludió el diputado Trujillo Durán-, a inscribirse en los Censos, porque presume que se trata de una maniobra para reclutamiento posteriormente. Cuando en Venezuela se cumpla efectivamente la Ley de Servicio Militar y la recluta sea abolida en absoluto, no habrá campesino que se interne, montaña adentro, a la sola noticia de que comisionados del Censo están recorriendo los campos.
Estas consideraciones las hemos hecho como una prueba más de que no procedíamos con animosidad hacia el comisionado del Censo, cuando exteriorizamos nuestra crítica al Censo de 1936.