Autor: Rómulo Betancourt
Título: El debate en el Senado sobre el proyectado empréstito de 27 millones de bolívares
Fecha de publicación: 08-07-1938
Publicación: Diario Ahora

Ayer sufrió en el Senado la segunda discusión reglamentaria el proyecto de Ley que autoriza al Ejecutivo emitir bonos del Tesoro. Fue aprobado el artículo que abre la compuerta al empréstito de 27 millones de bolívares, con el voto salvado de Romero Sánchez y de Luis B. Prieto -este último leal y consecuente con su bien conocida y estimada posición nacionalista.
El senador Romero Sánchez presentó, en defensa de su tesis anti emprestista, un extenso alegato. En el respaldaba la sugerencia hecha al Senado, por la comisión especial que designó esa Cámara para estudiar al aludido proyecto, de posponer su discusión hasta después de ser debatido el proyecto de Ley Orgánica de Hacienda.
El alegato del senador Romero Sánchez, no obstante estar inspirado en una finalidad justa, tuvo un gran defecto: su inconsistencia. El senador anti emprestista redactó una página de literatura sentimental y no una requisitoria documentada y a fondo contra la proposición del Ejecutivo. Y a más de excesivamente retórico, contiene esa exposición conceptos peligrosos, si se dejan pasar en silencio. Por ejemplo, ese de considerar que la "historia será compasiva" con el déspota de Maracay porque pagó la deuda externa y dejó un superávit fiscal de 110 millones de bolívares. En realidad, Gómez pagó la deuda externa en momentos en que todas las naciones del orbe, viviendo horas tremendas bajo los estragos de la crisis económica, estaban acogiéndose a moratorias en la satisfacción de sus compromisos con emprestistas extranjeros. Y amontonó reservas del Tesoro para estar listo a sostener un ejército en pie de guerra, un ejército con el cual aplastar cualquier insurgencia contra su tiranía criminal. Tanto el pago íntegro del remanente que, para 1930, quedaba aún pendiente de los compromisos internacionales de la Nación, como la acumulación de millones improductivos en las arcas del Estado, fueron medidas realizadas mientras todo un pueblo padecía dolores inenarrabIes, víctima de la miseria y el abandono, y mientras la economía nacional marchaba a saltos hacia la bancarrota. La política fiscal de la tiranía, desde el punto de vista hacendario como desde el punto de simplemente humano, no puede ser defendida en ningún terreno. La menor concesión en este sentido es inaceptable. La historia, por eso, no será "compasiva", sino implacable, con la memoria de Gómez y de sus cIique intelectual.
En otros aspectos, la exposición de Romero Sánchez es irreprochable. Tal cuando le dijo a sus compañeros de Cámara: "Oigamos la voz de la prensa diaria que critica acerbamente el empréstito; y por el instinto popular, que casi siempre acierta y que ha sido por lo menos avaro de aplausos y de entusiasmo".
Esta es la realidad. El empréstito no tiene resonancia favorable, sino adversa, en la opinión pública. No ha habido periódico que, en forma resuelta haya salido en su defensa. Ha sido exteriorizada la oposición con ese proyecto, inclusive por aquellos que coinciden con mayor frecuencia con el criterio oficial. El Universal", por ejemplo, en reciente editorial, se pronunciaba resueltamente contra el empréstito, y hacía ver que era ingenuo argumentar en su defensa la circunstancia de que se trataría de un empréstito interno. Los bonos no serán nominativos, sino extendidos al portador, lo que fácilmente le permitirá a intereses extranjeros, interesados en hacer sentir su influencia colonizadora en la zona del crédito público, copar la totalidad o la mayoría de esos bonos.
En defensa de la tesis emprestista, se destacaron los argumentos del senador Liscano. Esos argumentos fueron dos: 1) La no peligrosidad del empréstito, por tratarse no ya de 200 millones de bolívares, sino de 27 millones de bolívares: y 2) El hecho de que todas las Naciones contraigan, deudas, internas o externas, apelando a su crédito público, como lo evidencia la actitud reciente de Francia al financiar un empréstito interno de ocho mil millones de francos.
Esos argumentos son fácilmente rebatibles. El empréstito carece de simpatía y de acogida en la opinión pública no sólo por su cuantía; sino también, y fundamentalmente, porque hay en la conciencia de la Nación -en forma muy clara en algunos sectores sociales, con carácter de intuición en otros -la idea de que Venezuela no necesita contratar empréstitos. De que en un plazo de algunos años y manteniendo a un mismo nivel su presupuesto actual, que excede de los 300 millones de bolívares, es posible recrear la nacionalidad, para forjarla sobre bases de modernidad, progreso colectivo y justicia social. El pueblo venezolano sabe, -e interpelaciones como la del senador Prieto al Ministro de Educación se lo confirman con el argumento irrebatible de la cifra- que el Presupuesto anual de Egresos de la República está elaborado empírica y arbitrariamente. El dinero de la Nación no se distribuye metódica y racionalmente. La directriz que guía a quienes lo elaboran y aprueban no es, en último análisis, el de la satisfacción de las necesidades e intereses más vitales del país. Prevalecen otras preocupaciones: remunerar excesivamente al burócrata de alto bordo, dar satisfacción a exigencias de sectores sociales poderosos cuya adhesión se quiere asegurar indefinidamente, permitir1e a quienes alimentan secretas -secreto a voces- ambiciones políticas la realización de planes anti económicos, pero espectaculares y brillantes.
Carece de toda fuerza también el segundo argumento. Francia y otras naciones tienen que apelar periódicamente al expediente extraordinario del empréstito porque tienen prácticamente agotadas las fuentes de imposición. No resulta posible en esos países recaudar impuestos nuevos, porque todos los sectores sociales ya tienen sobre sus hombros el peso, distribuido con mayor o menor equidad, de contribuciones destinadas a sufragar los gastos del Estado. Pero este no es el caso de Venezuela. Es necesario repetido, por centésima vez, que en nuestro país no tributan sino \as densas mayorías empobrecidas. Las minorías oligárquicas -muy especialmente, las que hablan en el lenguaje del dólar y de la libra esterlina- contribuyen, en proporción inaceptable con el volumen de sus ingresos normales, a sostener los gubernamentales. Mientras en Venezuela en el único impuesto directo que se cobra el de 2% sobre utilidades bancarias apenas alcanza a la cifra -ridícula si no fuera sangrienta-de 30 mil bolívares al año, en Brasil se cobraron el año pasado impuestos directos por valor de 308.500 contos de reis, en Perú por valor de 19.200.000 soles y en Colombia por valor de 14.899.000 pesos (más de veinticinco millones de bolívares).
Debemos dejar bien categóricamente fijada nuestra posición. Hemos sido, somos y seremos impugnadores del empréstito. Pero esto no significa que pretendamos obstruirle el camino al Ejecutivo Federal para el aumento de sus ingresos fiscales. Por lo contrario, terca y sistemáticamente hemos venido señalando desde esta columna la necesidad de que el Gobierno Nacional incremente sus ingresos normaIes, estableciendo en Venezuela un impuesto directo sobre la renta y sobre el exceso de beneficios. Y no se ha tratado, en ningún momento, de exigir nada diferente de lo que, explícitamente, está prometido en el Programa de Febrero, en el Plan Trienal y en numerosos documentos oficiales: la reforma del anticuado sistema .tributario nacional, injusto y muy poco rediticio.