Autor: Rómulo Betancourt
Título: Costa Rica nacionaliza la industria eléctrica
Fecha de publicación: 26-08-1938
Publicación: Diario Ahora

"San José de Costa Rica, agosto 28. (UP)- El presidente aprobó la expropiación de las obligaciones y acciones de la compañía eléctrica".
Este cable, sin grandes titulares, escueto, ha sido publicado en un diario local.
Ningún comentario marginal. Nada que indique comprensión de la magnitud de esa medida. Queremos atribuir a ignorancia del problema cuya resolución se revela en las tres líneas de ese cable lo que ha determinado el hermetismo de la prensa nuestra.
Costa Rica cancela, con ese "ejecútese" puesto por el presidente Cortés a una resolución del Congreso, una pugna de más de diez años con las compañías eléctricas. Mejor dicho: con la Electric Bond and Share, disimulada allá -como en Venezuela- bajo rótulos diferentes. Esta compañía -tentáculo tendido sobre la América Latina por un gran trust yanqui: la General Electric- ha sido batida por un pueblo de medio millón de habitantes, sin petróleo y sin este chovinismo inoperante que nos gastamos nosotros de ser pueblo-matriz de Libertadores. Mientras en Venezuela la Electric Bond cobra a los consumidores de Caracas tarifas cuatro veces más altas que las cobradas por ella misma al consumidor de Barranquilla, Colombia (422 unidades de energía eléctrica son vendidas en esa ciudad costeña de Colombia al precio de Bs. 26, mientras que aquí cuestan Bs.115,40); mientras en Venezuela no se termina de municipalizar la planta eléctrica de Barquisimeto, detentada por la Venezuela Power, filial de la Electric Bond; mientras en Maracaibo y en muchas otras ciudades y pueblos del país el pulpo eléctrico norteamericano explota -suministrando deficientes servicios y cobrando onerosas tarifas- a los particulares, a los concejos municipales, a las autoridades estadales y nacionales, en Costa Rica se corta el nudo del problema con una simple resolución legislativa, que consta de dos artículos.
Esta medida gubernativa de la pequeña república centroamericana remata, como decíamos al comienzo de este artículo, una lucha de diez años. Comenzó en 1928, cuando el Congreso dictó una Ley declarando a la electricidad industria de utilidad pública, y reservándola al Estado. Los concesionarios -disimulados bajo rótulos distintos, pero actuando bajo un sólo comando: el de la Electric Bond- se decidieron desde el primer momento a torpedear esa Ley. Y sistemáticamente vinieron obstruyendo desde entonces los esfuerzos del Servicio Nacional de Electricidad para controlar sus actividades. Negábanse, en nombre de cortes de cuenta amañados y siempre deficitarios, a rebajar las tarifas. Argüían, cada vez que se intentaba obligarlas a mejorar los servicios, que el contrabando de los suscriptores constituía una verdadera calamidad para la empresa. Compraban conciencias de políticos venales y plumas de escritores descastados, para que sostuvieran desde escaños parlamentarios y desde las columnas de la prensa sus tesis colonizadoras. Y llegaron a más. Desplazaron hacia la pequeña nación centroamericana los más hábiles de sus abogados y los más audaces de sus capitanes de industria. Artículo que tenemos ante la vista -publicado en una revista panameña- nos informa que a Costa Rica se envió al doctor Salazar, un > ecuatoriano, abogado ducho en las mil argucias y trácalas de su profesión, latinoamericano vendido en cuerpo y alma al colonizador extranjero. y también desembarcó un día en las costas de Puerto Limón otro >, ya no de extracción latina sino sajona, ya no abogado sino hombre de empresa. Se trata de Frank Steihart, uno de los grandes accionistas de la compañía, hombre de vida atrabiliaria y aventurera; ex conductor de mulas en Texas; ex cónsul de Estados Unidos en Cuba; factótum de una de las intervenciones militares yanquis en esa Isla Antillana; amigo, consejero y financiador de Gerardo Machado.
Todas las maniobras de la Electric Bond se estrellaron contra el sentimiento de soberanía de un pueblo pequeño, pero dotado de lúcida conciencia ciudadana. Los mejores hombres de ese país lucharon con denuedo contra el trust eléctrico. La revista a que aludimos da los nombres de algunos de ellos: don Alfredo González Fl9res, ex Presidente de la República; don Octavio Jiménez Alpízar, escritor y abogado; don Joaquín García Monge, escritor y maestro; el doctor Moreno Cañas, parlamentario y profesional eminente; don Manuel Mora, diputado y líder popular, quien elaboró y presentó al Congreso el proyecto que es hoy Ley de la República.
Esta lección costarricense debe llenar de vergüenza a los responsables de la gestión pública. Nuestro nacionalismo de prensa y discursos es jaquetón y palabrero. Nacionalismo que invoca a Bolívar y no defiende la herencia de Bolívar. Nacionalismo que le arruga el ceño al vecino hispanoamericano y 10 distiende, medroso, frente al inversionista extranjero. Nacionalismo que se nutre de grandes frases heroicas cuando se recuerda los días en que ganábamos Carabobos y Queseras del Medio, y de razonamientos de vencidos cuando se trata de librarle pelea a los herederos contemporáneos del espíritu y de la técnica conquistadora de los borbones..
Es contra esa actitud de entrega y de renuncia frente a la acción colonizante del capital de ultramar, que está"! alzándose ya las actitudes valerosas. Al1í esa del Concejo Municipal de Caracas, obligando a las compañías eléctricas a sustituir por cables subterráneos los que en la actualidad usa, llenando a la ciudad de postes antiestéticos y entorpecedores del tráfico. Ahí está también su resolución de revisar el contrato con las mismas empresas, vigente desde los días en que un Concejo manejado por Rafael María Velasco les dio cuanto solicitaron los usufructuarios extranjeros de un servicio público fundamental; como es el de la electricidad.
No creemos que las compañías eléctricas se avengan al contralor que sobre ellas aspira a ejercer, muy legítimamente, el Concejo Municipal de Caracas. Y en ese caso, antes que enzarzarse con las empresas en un largo debate, lo lógico sería seguir el camino de Costa Rica: expropiar, por causa de utilidad, pública, sus plantas y sistemas de distribución de energía y luz eléctrica.