Autor: Rómulo Betancourt
Título: Volviendo sobre el tema de la municipalización del servicio eléctrico en el departamento Vargas
Fecha de publicación: 08-09-1938
Publicación: Diario Ahora

En el Concejo Municipal fue ya discutido un informe de la comisión que se designará para estudiar el contrato suscrito con la Empresa Generadora de Fuerza y Luz Eléctrica. Ese contrato, que regula el suministro de servicio eléctrico en el departamento Vargas, se extingue el 26 de este mes. La forma como fue elaborado y prorrogado ya fue objeto de anterior comentario nuestro. No vamos a insistir en ese aspecto del tópico que nos ocupa. Vamos a enfocarlo desde ángulo diferente.
La exposición hecha en el Concejo por uno de los miembros de la aludida comisión especial -doctor Carlos Morales- concluye sugiriendo que se oficie al ciudadano Gobernador para que provea a fin de que no se interrumpa el servicio cuando fenezca el contrato. Al mismo tiempo, plantea que las autoridades ejecutivas del Distrito procuren obtener una disminución de tarifas por el servicio de luz y energía eléctrica que se preste en el Departamento Vargas, a partir de aquella fecha.
El hecho mismo de que se oficie al Gobernador para que tome medidas de carácter administrativo, a fió de adelantarse a una posible interrupción del servicio, confirma la tesis de que asigna a la industria eléctrica el carácter de servicio público. El rasero común con el cual se miden otras empresas privadas que prestan servicio a la colectividad, no puede aplicarse a esa industria. Ese fluido, generador de luz y de fuerza motriz, es, en las modernas sociedades, algo tan vital como el agua. Y del mismo modo que sólo como rezago de un régimen de atraso y de empirismo puede concebirse que entre nosotros haya habido hasta ayer acueductos explotados por particulares, se hace cada día más inaceptable la idea de ver a las plantas generadoras de energía eléctrica, y a los sistemas de distribución de ella, en manos de intereses particulares.
Enfocando la cuestión con este criterio -moderno y avancista, pero sin asomo siquiera de "bolcheviquismo"- es por lo que Roosevelt en Estados Unidos ha sido un obstaculizador sistemático del control privado de la electricidad. Y por lo que Colombia -aun cuando gobernaba el Partido Conservador- inició hace tiempo un proceso de rescate y municipalización de la energía eléctrica. Por lo que Costa Rica acaba de resolver -mediante la aprobación del Congreso, por cuarenta votos contra uno-, mediante el pago de indemnización, la expropiación de todas las plantas eléctricas en la ciudad de San José.
En Venezuela el proceso de municipalización de la industria eléctrica se inició ya en Barquisimeto. La Diputación de Lara hizo incluir en el Presupuesto del 37 una partida de 3.000.000 bolívares, destinada a la adquisición de las plantas de la Venezuela Power, cuyo contrato estaba en vísperas de vencerse. Prosperó la moción en la Cámara, como recordarán nuestros lectores. Pero en una histórica sesión del Congreso fueron echadas abajo todas las modificaciones parlamentarias al primitivo texto del Presupuesto. No obstante ello, el Ejecutivo Federal, dando respuesta satisfactoria a un premioso anhelo de toda la colectividad del Distrito Iribarren, acordó financiar el valor de la indemnización que deberá pagarse a la Venezuela Power. Se está ya en los trámites que conducirán a la toma de posesión por la Municipalidad de Barquisimeto de la planta eléctrica local.
Este claro ejemplo es el que, en concepto nuestro, debe seguir la Municipalidad de Caracas. Está muy bien que se tomen todas las medidas administrativas pertinentes, para evitar que al fenecer el contrato sufra alteraciones el servicio eléctrico de La Guaira y pueblos vecinos. Pero esta medida de emergencia no puede ser la solución del problema. Esta solución de fondo no puede alcanzarse sino por las dos vías a que aludiéramos en anterior enfoque; o se renueva el contrato; o se aprovecha la coyuntura de la expiración de éste para municipalizar el servicio, expropiando, por causa de utilidad pública, las plantas y sistemas de distribución de la Compañía privada que lo suministra.
El Concejo puede solicitar, para dar este paso progresista e inteligente; la ayuda financiera del Poder Central. Y aún el respaldo económico de la ciudadanía. Compartimos totalmente la tesis del señor J. M. Álvarez, de la Guaira, cuando éste afirma que de emitirse bonos como forma de contribución pública para el pago de la deuda a contraer por el Municipio se tendría de inmediato el respaldo masivo de la ciudadanía del Distrito Federal.
Hay una tendencia incontrolable en las empresas que suministran servicios colectivos que por su naturaleza constituyen verdaderos monopolios, a tarifas muy alto tales servicios y a prestarlos de manera deficiente. Una larga experiencia, nacional e internacional, lo comprueba. Si es así, como nadie podrá objetarlo, lo más lógico es que se aprovechen con sentido de previsión coyunturas tan favorables como ésta que confrontará próximamente el Municipio de Caracas para sacar esos servicios del control privado.
Por su parte, la ciudadanía del departamento Vargas tiene un papel muy importante que jugar en este asunto. No debe limitarse a la espera tranquila de lo que resuelva el Concejo. Si su opinión es favorable a la tesis de la municipalización del servicio, lo más indicado es que haga llegar su voz hasta el recinto edilicio. Ha demostrado el Concejo Municipal de Caracas, en más de una oportunidad, que no es insensible a las sugerencias de la colectividad.