Autor: Rómulo Betancourt
Título: En la vía de la municipalización de los servicios eléctricos
Fecha de publicación: 29-09-1938
Publicación: Diario Ahora

Particular interés revistió la sesión extraordinaria del Concejo Municipal del Distrito Federal, celebrada el 25 de septiembre.
En ella se debatió y aprobó, por unanimidad el dictamen rendido por la comisión especial designada para estudiar el problema de la industria eléctrica en el Litoral.
El dictamen es concluyente. Precisa y define, sin posibles equívocos, la intención del cuerpo edilicio de este distrito de no prorrogar el contrato que ha venido protegiendo el monopolio de hecho de intereses privados en el comercio de luz y fuerza eléctrica de La Guaira y pueblos vecinos. El Municipio ejercerá por sí mismo, directamente, la administración de ese servicio público.
El proyecto de acuerdo en que se condensa el dictamen que comentamos delega en el Ciudadano Gobernador, como autoridad en lo ejecutivo y administrativo, la facultad de gestionar con la empresa el entendimiento bilateral que se requiere para el paso del servicio eléctrico a las manos del Municipio.
La lectura y aprobación de este acuerdo, de tan vastas proyecciones progresistas, dio lugar a un animado cambio de impresiones entre los concejales. Y uno de ellos -el señor Chaumer- ofreció presentar para la más próxima sesión de la Cámara Municipal un proyecto de municipalización de la industria eléctrica en todo el Distrito Federal. El concejal doctor Carlos Morales pidió que se hiciera constar en el acta el espontáneo y promisor ofrecimiento del concejal por Santa Teresa.
La importancia y repercusión de esta iniciativa serán extraordinarias. Porque, como lo hizo presente en el debate el concejal Prieto, una de las aspiraciones más sentidas por la ciudadanía de Caracas y del Distrito Federal en su conjunto es la de verse libres de la pesada coyunda de las empresas eléctricas privadas.
Estas empresas cobran tarifas muy altas (no olvidemos el dato revelador de que las de Caracas son cuatro veces mayores que las de las ciudades de Colombia); y son excesivamente rigurosas en sus relaciones con el suscriptor.
Este proceder de las empresas eléctricas de Caracas no obedece, como pudiera creerse por el observador poco informado, a que sean más implacables aquí que en otra parte los hombres colocados en su dirección. Deriva esa
actitud --en Venezuela como en Chile, en América como en Asia- de esa sensación de soberbia y poderío que se posesiona necesariamente de las empresas controladoras de servicios públicos. Esto es, de empresas que por comerciar con mercancías de muy generalizado consumo y las cuales, por su misma naturaleza, constituyen monopolios de hecho, se sienten al amparo de toda competencia y libres para llevar hasta el máximum el límite de sus ganancias. Esa soberbia tiene dos soluciones posibles: la legislación drástica, que regule y limite su radio de acción; y el control directo, por el Estado o las Municipalidades, de los servicios públicos, sacándolos así del control y explotación de los intereses privados.
Y es como una prueba de que este problema de la pugna de la comunidad consumidora con la empresa privada explotadora de un servicio público no es local, caraqueña o venezolana, que vamos a citar un interesante documento extranjero. Es el dictamen de la comisión parlamentaria costarricense-integrada por los diputados Jiménez Sancho, Urbina y Peralta- favorable a la tesis de expropiación de las empresas eléctricas de San José, que prosperó en el Congreso de aquella República por cuarenta votos contra uno. Dicen así los dictaminantes:
"El problema de los servicios eléctricos ha venido absorbiendo desde hace varios años el interés de la sociedad costarricense, tanto por haber sido centralizados por una sola empresa, como por la conducta extraña y hostil de los dirigentes de la misma en sus relaciones con los gestores nacionales. No se ha podido llegar a una solución directa y cordial, como si fuera un negocio simple, sino que la intransigencia de las empresas ha traído una situación compleja, perjudicial al público y al desarrollo de la industria del país. Los dos procedimientos que quedarían para darle remate inmediato y provechoso, al país, sin romper por ello las normas de justicia en cuanto a la porción de intereses que controlan nuestros servicios eléctricos, serían estos: una legislación fuerte, que regulara en todos sus detalles y con miras de protección al interés social, los servicios eléctricos, considerados como esencialmente públicos; y la adquisición mediante los procedimientos establecidos para la expropiación por causa de utilidad pública, en las leyes existentes de hoy".
Para llegar a la última medida -o sea, a la adopción de un acuerdo parlamentario respaldando plenamente al Ejecutivo, cuando vaya a recorrer la vía de la expropiación por causa de utilidad pública-, el Congreso de Costa Rica tuvo en cuenta varios factores. Entre otros, el de las fabulosas ganancias que hace la empresa suministradora de fuerza y luz eléctrica a la capital de la pequeña República de Centroamérica. En dos millones anuales de colones se calcula esa ganancia, yen una ciudad que apenas llega a los 50.000 habitantes.
En Caracas, es una filial del mismo trust yanqui que opera en Centroamérica -la Electric Bond and Share- la compañía explotadora del rico filón eléctrico. Sus ganancias pueden apreciarse, aproximadamente, en cinco veces la que hace su "pariente" de San José de Costa Rica.
Tomando en cuenta todos estos factores, no cabe la menor duda de que la iniciativa del señor Chaumer de cristalizar en proyecto viable, tendrá una justificada resonancia en toda la nación.
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