Autor: Rómulo Betancourt
Título: El escandaloso proceso de la Magdalena Fruit Company
Fecha de publicación: 03-11-1938
Publicación: Diario Ahora


Alguna vez comentamos en esta columna, sin mayor documentación todavía, las revelaciones sensacionales arrojadas por una investigación hecha en Colombia acerca de las actividades de la Magdalena Fruit Company.
Hoy volveremos sobre el tema. Vale la pena insistir en él. Porque esa historia de vergonzosos hechos que ha salido a la luz pública en el país vecino revela meridianamente a cuales métodos apela el capital financiero internacional para imponerse en nuestros países. Cámbiese de rótulos y de países, póngase Standard Oil o Caribean Petroleum Company en vez de Magdalena Fruit Company, ubíquese la cuestión en Venezuela y no en Colombia, y tendríamos aquí miles de historias que contar semejantes a esa, cuyos más íntimos detalles se han debatido en las dos Cámaras Legislativas de nuestra vecina de Occidente.
Las investigaciones hechas en los libros y en el archivo de la filial colombiana de la United Fruit Company, de Boston, condujeron a la Cámara de Diputados a discutir el dictamen de una comisión, tremendamente acusador contra el doctor Pedro María Carreño, quien fue Ministro bajo la Administración liberal del doctor Olaya Rerrera. El dictamen concluye con esta proposición:
"La Cámara de Representantes considera que hay causa justa para acusar ante el Senado de la República, al ex Ministro del Despacho, doctor Pedro María Carreño, por las actividades que desarrolló en los años de 1933 y 1934, en su doble carácter de Ministro de Educación, encargado del Ministerio de Relaciones Exteriores y de abogado, consejero y asesor jurídico de la United Fruit Company, La Magdalena Fruit Company y la Santa Marta Railway Company. En consecuencia, señálese la sesión del viernes próximo, 22 del corriente (agosto) para elegir el acusador que introduzca y sostenga la acusación ante el Senado."
En la Cámara de Diputados, al abrirse debate alrededor de esta proposición, hizo cargos abrumadores contra el ex-Ministro Carreño y contra numerosas personas -periodistas, funcionarios públicos, militares, etc.- el representante Regueros Peralta.
Según este Diputado, en los archivos de la Compañía se encontraron los cables cruzados entre el doctor Carreño y los gerentes en Boston de la poderosa empresa frutera. El abogado de la compañía solicitaba la anuencia de sus superiores antes de aceptar el cargo de Ministro. Los jefes norteamericanos del trust bananero autorizaban, entusiasmados a su abogado para que aceptara el cargo. Y ningún escrúpulo tuvo el ciudadano a quien hoy el Congreso colombiano coloca en la picota del desprestigio público, para mantener esa dualidad de miembro del Gabinete de su Patria y abogado clandestino de una compañía extranjera.
No salen mejor parados los periodistas, de las documentadas acusaciones del diputado Reguero Peralta. El señor Ricardo Castañeda Moreno, director de La Defensa Social -un periódico muy patriotista, defensor del orden, enemigo a muerte de los Sindicatos- recibió de Mr. Bennet, gerente de la Frutera, la suma de $150 y el favor de deshipotecarle su imprenta, como pago de servicios de publicidad a favor de la United. Figura entre los documentos exhibidos en el Congreso la carta del señor Julio R. Palacio, editorialista de El Siglo -periódico de la "gente de orden" en la costa atlántica colombiana- para Mr. Marshall, solicitándole la suma de $500 como pago de la campaña de prensa a favor del contrato del Ferrocarril de Santa Marta.
Esto que ha sucedido en Colombia es repetición de lo que ha tenido lugar en otros países. En Centroamérica se recuerda el escandaloso "Panamá" de un señor Lincoln G. Valentine, quien cosechó desde Ministros hasta porteros de oficinas de correos, para hacer pasar unos famosos contratos petroleros.
Nadie puede extrañarse, pues, de ver entre nosotros el calor con que defienden determinados individuos y conocidos órganos de prensa los intereses de compañías extranjeras. Algún día hablarán sus archivos, revelando historias de vilezas. Mientras esa hora llega, la prensa y los escritores independientes no debemos cejar en el empeño de reivindicar para Venezuela una participación racional, legítima, en las riquezas naturales de nuestro país explotadas por el capital extranjero. El ataque y las maniobras insidiosas con que se replica a esta labor honesta desde ciertos reductos bituminosos ya se sabe que tienen una tarifa, un precio. Y la hora llegará de que Venezuela entera sepa la cantidad de bolívares en que se cotizó cada infamia.