Autor: Rómulo Betancourt
Título: El conflicto entre la Compañía Anónima Venezolana de Electricidad y la Unión CVDE es problema de orden público.
Fecha de publicación: 10-11-1938
Publicación: Diario Ahora

Los diarios de todos los matices, sin diferencias de tendencias ideológicas han definido posición en el conflicto entre la compañía Venezolana de Electricidad y la Unión CVDE. Y por una vez siquiera todos los diarios coinciden plena y categóricamente en reconocer la justicia que asiste al rector de empleados y obreros en este conflicto de trabajo. Es tan diáfana la justicia que respalda a la Unión CVDE, que ni aún órganos de prensa tradicionalmente empecinado s en negarle al trabajador venezolano sus más caros derechos, se han atrevido a decir una tímida palabra en defensa de la Compañía de Electricidad.
Los antecedentes del conflicto y sus incidencias posteriores los conocen bien nuestros lectores. En otras secciones de este diario, y en comentarios cotidianos de la prensa en general, se ha popularizado esta pugna patronal- obrera. Nosotros no vamos a insistir sobre los aspectos del problema ya enfocados en Ahora y en las columnas de otros colegas. Sino que vamos a enjuiciar la cuestión desde un ángulo nuevo.
El conflicto entre la Compañía Venezolana .le Electricidad y la Unión desborda los límites de una simple "diferencia" de trabajo. Se sale de los moldes tradicionales de las pugnas entre arrendadores y arrendatarios de mano de obra. Por tratarse de un conflicto que afecta a un servicio general y monopolizado de hecho por la empresa concesionaria, éste que se debate actualmente ante las autoridades del Trabajo es todo un problema de orden público. Y como tal debe ser enfocado y resuelto por el Estado.
Dentro de una concepción liberal ortodoxa del papel del Estado en las luchas obrero-patronales, su función debe ser exclusivamente expectante. Cuando más, conciliadora. En los hechos nunca sucede así, ya que ese tipo de Estado liberal químicamente puro sólo ha existido en las páginas visionarias y encendidas de los teóricos de la Revolución Francesa; y luego, traducida a fría fórmula jurídica, en los textos de los teóricos del Derecho Público. Pero aún los más devotos sustentadores de la tesis del Estado-especulador reconocen y aceptan la activa injerencia estatal en todo conflicto privado en que esté implicado el orden público. Así, nadie ha podido concebir nunca que los hombres que gobiernan a un país, o a una ciudad, puedan cruzarse de brazos cuando por cualquier circunstancia se corra el riesgo de que sus gobernados puedan ser despojados del acueducto, o del río, en donde se proveen de agua.
Ahora bien, si este criterio priva universalmente con respecto al precioso elemento, ¿quién duda que también deba extenderse a otros servicios públicos? ¿Quién duda que la electricidad, por ejemplo, es un artículo tan de primera necesidad como el agua en todas las zonas del planeta habitadas por gente civilizada?
Y si a la electricidad se le coloca en su sitio preeminente de servicio social del cual no puede prescindirse, es de lógica elemental que cualquier conflicto en que se corra riesgo de la paralización del servicio, debe asumir inmediatamente el carácter de problema de orden público. De problema en cuya solución está interesada la sociedad en su conjunto, y no sólo los intereses privados en directa pugna.
Estas reflexiones serenas que estamos haciendo envuelven un llamamiento al Ejecutivo para la acción enérgica. Ha sido hasta ahora norma de conducta en las autoridades del trabajo en más de una oportunidad, la de mantenerse en actitud "neutral" en conflictos en que la razón asistía evidentemente a los sectores trabajadores. La expectativa del Estado colocaba el conflicto en una situación de impasse, con sólo dos salidas: la huelga, o la retirada de los reclamantes, en una derrota segura que los entregaba atados de pies y manos.
Esta actitud no pueden asumirla en esta oportunidad las autoridades del trabajo. No pueden permitir que los trabajadores lleguen a plantear ya sus pliegos de reivindicaciones, y cuanto estén acosados por la resistencia de la compañía, en una forma tal que no tengan más salida que el paro. Eso sería, ni más o menos, hacerle el juego al trust eléctrico. Porque el Gobierno Nacional tiene que estar seguro de que todo conflicto huelguístico en un servicio público no tiene sino dos salidas: o la ocupación de la empresa concesionaria por el Gobierno, garantizando con las armas la continuidad en la prestación del servicio; o la ocupación de la empresa: por los trabajadores, a fin de obtener por este medio drástico la satisfacción de sus reclamos, poniendo al mismo tiempo a salvo el irrenunciable derecho de la colectividad a que se le preste el servicio en cuestión.
Ninguno de estos dos extremos pueden ser deseados, o buscados, por el Gobierno. Ambas soluciones no ofrecen, dentro de las condiciones de Venezuela en este momento histórico, una salida a la situación. No queda entonces sino una tercera fórmula: la enérgica injerencia oficial, enfocando la cuestión como problema de orden público y resolviéndolo como tal, para obligar a la compañía a cumplir su contrato de 1938.
Y para que nadie se llame a engaño con respecto a los métodos de acción de esa empresa, mañana comentaremos con cierta extensión su línea de conducta en varios países americanos.