Autor: Rómulo Betancourt
Título: La industria nacional y el alto costo de la energía eléctrica
Fecha de publicación: 19-11-1938
Publicación: Diario Ahora

Deliberadamente hemos dejado sin comentar, en los varios artículos publicados sobre el acuerdo a que se llegó oficialmente en materia textil, uno de los puntos del pacto firmado por los industriales ante el Ministerio de Hacienda. Es el que dice textualmente así:
"Encomendar muy encarecidamente al Ejecutivo que haga las gestiones necesarias, indicadas en el informe (el de la Comisión Interministerial, Ahora), para obtener de las empresas suministradoras de fuerzas y luz eléctricas, tarifas adecuadas a las necesidades de la industria textil".
Esta exigencia -de todo punto razonable y justa- plantea de nuevo el problema del control privado de los servicios públicos. Especialmente del servicio de electricidad, que en la vida moderna juega un papel tan decisivo.
Es una verdad indiscutible la de que nuestra industria soporta sobre sus espaldas un peso muy oneroso: el de las altas tarifas vigentes en Venezuela en los servicios de luz y fuerza eléctrica. Esas tarifas son cuatro veces más altas que las de Barranquilla, por ejemplo,-ciudad colombiana de la costa atlántica donde la industria textil ha alcanzado inusitado desarrollo.
Este problema plantea algo más que una simple cuestión de regateo sobre tarifas con las compañías privadas, generalmente extranjeras, que controlan los más importantes servicios públicos de América latina. Del análisis de la situación creada por el monopolio particular de tales servicios la disyuntiva que surge es ésta: se continúa dejando al arbitrio de intereses egoístas el negocio eléctrico, y así mismo los otros dedicados a la explotación de los servicios públicos; o la comunidad La través del Estado o del Municipio asume el pleno control de estos.
Y como una prueba en concreto de que esta polémica no tiene carácter local, venezolano, sino internacional, vamos a referimos al debate animadísimo sobre la materia suscitado en la segunda sesión del Congreso Panamericano de Municipalidades, actualmente celebrándose en La Habana.
En la sesión del 14 de este mes, según informó la AP en extensa información cablegráfica, tanto la delegación cubana como la argentina "dirigieron rudos ataques al monopolio norteamericano de empresas de servicios públicos>. El señor Héctor Iñigo Carrera, delegado argentino, Presidente de la comisión encargada de examinar el problema de los servicios públicos destacó que si la política rooseveltiana del "buen vecino" se está cumpliendo con lealtad, en cambio los monopolios eléctricos y de otra índole, de extracción yanqui, continúan expoliando a los pueblos del continente nuestro. Los delegados habaneros Romeu y Santana, de La Habana, apoyaron con calor a su colega argentino; y propusieron que se fijara un plazo máximo de 20 años a las concesiones sobre servicios públicos acordados a empresas extranjeras. Otros delegados fueron aún más lejos, pronunciándose por la municipalización, o estatización, de las empresas privadas, que explotan tales servicios.
Nuestra opinión -más de una vez expuesta- es la de que Venezuela debe encarar resueltamente la cuestión de municipalizar la industria de la energía eléctrica. Una nación pequeña y sin los recursos económicos y fiscales nuestros -nos estamos refiriendo a Costa Rica- acaba de resolver sus continuos conflictos con la ramal "costarricense" de la Electric Bond decretando su expropiación, previo pago de una indemnización prudencial.
En Venezuela resultará dura una lucha por rebaja de tarifas contra el trust yanqui que aquí monopoliza el negocio eléctrico en los principales centros de población e industriales del país. Su resistencia para cumplir un formal contrato con la Unión CVDE que apenas la obligaría, caso de aceptado sin regateos, a mermar en porcentaje mínimo sus cuantiosas ganancias-, revela cuál criterio profesa esa empresa con respecto a los venezolanos. Nos conceptúa tierra conquistada, feudo suyo: y no termina, ni terminará de convencerse -porque la intransigencia y la soberbia dan tono internacional a su conducta-, de que somos país libre y ya resuelto a no dejamos explotar más.
Claro está que no nos oponemos a que se exija de las compañías una rebaja importante de sus tarifas. Es más: creemos que el Ejecutivo debe proceder de inmediato atendiendo al reclamó de los industriales textiles y al clamor de todos los consumidores de fuerza y luz eléctricas, a plantearle a las compañías un enérgico ultimátum sobre rebaja de tarifas. Empero, consideramos atinadas y realmente previsivas esas medidas si se ligan con estudios, iniciables de una vez, para llegar a la mejor fórmula que permita rescatar para la comunidad el control de tales servicios.
Mientras la electricidad no esté controlada en Venezuela, como ya lo está en varios países de América, por el Estado o los Municipios, la luz barata será una aspiración remota; y la energía eléctrica no cumplirá eficazmente su papel de activo motor de la industria criolla.