Autor: Rómulo Betancourt
Título: El conflicto de los trabajadores de la Electricidad es un problema de orden público
Fecha de publicación: 23-11-1938
Publicación: Diario Ahora

Ya en una ocasión fijamos netamente nuestro criterio, desde esta misma columna, acerca de la disputa entre la Compañía Venezolana [?] de Electricidad y la Unión CVDE. Ese criterio se sintetiza así: no se trata en este caso de una simple diferencia obrero-patronal, sino de un conflicto de orden público. No son sólo dos partes, de intereses estrictamente privados, las que están en pugna. La sociedad en su conjunto es también un elemento que entra en juego, necesariamente, en la disputa.
Esta tesis ha venido a fortalecerse a medida que el desarrollo mismo del conflicto lo ha situado en su fase aguda, crítica. Cuando se lea este comentario, habrán corrido 48 horas de las ciento veinte pautadas por la Ley para el comienzo del paro de los trabajadores eléctricos del Distrito Federal, Los Teques, El Consejo, La Victoria, San Mateo, Cagua, Turmero, San Felipe, Guama, Cocorote e !boa. Noticia recibida y publicada en todos los diarios por la Unión CVDE. informa a la ciudadanía que ya fue introducido en la Inspectoría del Trabajo del Estado Aragua el respectivo pliego de reivindicaciones, por los trabajadores de Maracay.
Esto significa que se contempla la posibilidad de un cese del servicio público eléctrico en la capital de la República y en varios estados de la Unión. Ciudades de entre las más pobladas de la República sufrirían las consecuencias de esa interrupción de una industria vital en la vida contemporánea. Y con la circunstancia de que no sólo es Caracas la ciudad-sede de los más altos poderes públicos de la Nación, sino también uno de los escasos centros de importancia industrial de la República. Lo cual significa, en último análisis, que la paralización del servicio eléctrico, no sólo dejará sin luz al suscriptor privado, sino también sin energía motriz a varias fábricas y a numerosos talleres.
Ahora bien, el Ejecutivo está perfectamente convencido, a esta hora, de que la intransigencia, la tozudez y la arrogancia provocadora deben ser cargadas al Debe de la empresa. Mientras los trabajadores han aceptado todas las proposiciones del Ejecutivo -fijación en un 15% de aumento global de sueldos y salarios como límite de discusión entre las partes, sometimiento del conflicto al arbitraje legal -las empresas sólo han mantenido la tesis que les pautó la casa motriz, desde Nueva York: o aceptación por los empleados y obreros de un aumento máximo del 10% de sus emolumentos en la compañía; o huelga, si es que a ella quiere ir la Unión CVDE. Inclusive rechazó la compañía, según ha sido publicado por los diarios, la intervención del ciudadano Presidente de la República, para darle solución amistosa al conflicto.
Es tan diáfana la responsabilidad de la Empresa en el conflicto, que diarios y hombres de todas las tendencias ideológicas han fijado posición en contra suya. A este respecto, es muy sintomático el hecho de que el señor M. Delgado Chalbaud -quien ha sido en Venezuela vocero, en más de una ocasión, de las tesis más reaccionaria- haya salido también a la palestra para combatir la intransigencia insoportable de la Electric Bond and Share.
Situado el conflicto en tales términos, es inconcebible e inaceptable que el Ejecutivo se cruce de brazos; y que observe, impasible, cómo se acerca el momento, cargado de graves consecuencias, en que los trabajadores eléctricos abandonen colectivamente el trabajo. Caracas y otras importantes ciudades de la República --entre ellas tres capitales de estado- no pueden permanecer sin luz y sin fuerza motriz.
En consecuencia, la actitud que se nos ocurre como más lógica del Ejecutivo Federal, y de las autoridades locales en cada uno de los lugares donde el conflicto esté vigente, es la de habla de claro a la empresa eléctrica. La de decide, con serena energía, que el Estado hará sentir su autoridad, para que la Empresa cumpla el contrato sobre aumento de sueldos y salario suscrito con sus trabajadores; y que, a todo trance, impedirá que la intransigencia de la compañía paralice un servicio público tan de primer plano como lo es el servicio eléctrico.
En este camino tendrá el apoyo unánime de la prensa. El respaldo de las asociaciones de trabajadores de todo el país. La solidaridad resuelta de Venezuela entera.
Y si es que quisiera buscar el Ejecutivo antecedentes en los cuales apoyar su enérgica resolución, tampoco le faltarían. Aquí tenemos en nuestra mesa de trabajo, en el momento de escribir este comentario, un periódico norteamericano en que se recuerda la actitud asumida, hace unos cuatro o cinco años, por el Presidente de Costa Rica, Licenciado González Víquez. Este mandatario fue un representante típico, característico, del gobernante liberal.
Tenía un respeto profundo, como jurista ortodoxo y de la más definida extracción conservadora, por las convenciones con empresas extranjeras del Estado o del Municipio. Y todo esto no fue inconveniente -sino más bien acicate- para decirle a la filial costarricense de la Electric Bond, cuando ésta pretendió ejercer coacción sobre la comunidad anunciando que paralizaría el servicio público que prestaba, cómo estaba dispuesto su Gobierno a ocupar con la policía las plantas y servicios de distribución de las compañías.
Sólo una posición tan enérgica del Gobierno Nacional, en esta coyuntura que se confronta, puede impedir el desarrollo de acontecimientos cuyas proyecciones sobre la tranquilidad pública y sobre la economía nacional son difíciles de prever.
Y es sabiendo que interpretamos la alarma y el deseo de la totalidad del pueblo venezolano que pedimos del Ejecutivo, una vez más, su franca ingerencia para impedir la culminación en huelga del conflicto eléctrico. Intervención que deje a salvo -necesario es precisarlo en todo momento- las legítimas aspiraciones de la Unión CVDE, basadas en cláusula contractual expresa y fundamentada ahora en datos estadísticos oficiales que elaboró una dependencia gubernamental.