El concejal por La Vega -señor Juan Miguel Suárez- ha presentado a la consideración del cuerpo una interesante moción, que vale la pena glosar.
Ha propuesto el concejal en cuestión que se reduzca en un 50% el montante de los derechos de agua pagados por los vecinos de La Vega y BeIlavista. En la actualidad, sufragan los vecinos de esas barriadas la cantidad de Bs. 25 trimestrales. La proposición de Suárez es para que se reduzca el impuesto a satisfacer a Bs. 12,50, por trimestre. Del beneficio de la medida excluye a las quintas valiosas y habitadas en su totalidad por personas de saneados ingresos, ubicadas en las avenidas Hidalgo y O´Higgins, del Paraíso.
Entre los argumentos utilizados por el concejal de La Vega en favor de esa rebaja, dos se destacan, por su importancia. El primero de ellos, que los vecinos afectados por la tarifa actual son personas de limitados recursos, pertenecientes a los sectores medios y obreros de la población; y el segundo, que la Municipalidad no puede cobrar ese canon cuando presta a las barriadas en referencia un servicio deficiente e. irregular. El caso de La Vega en este sentido, es realmente dramático. Por lo menos una vez por semana se encuentra la población absolutamente privada de agua, teniendo los vecinos que surtirse de ella en fuentes establecidas en la Avenida del Paraíso, y aun en una 'quebrada' de aguas insalubres y malolientes.
Con un sentido de justicia distributiva que introduce modernidad, criterio fiscal de nuestro tiempo en el régimen impositivo municipal, el concejal Suárez ha limitado la ventaja de la rebaja que propugna exclusivamente a las barriadas habitadas por personas pobres. Las que viven en las aristocráticas avenidas de El Paraíso pueden, sin que eso signifique sacrificio sensible para sus intereses, satisfacer el canon de Bs. 100 anuales actualmente vigente.
Hemos querido comentar esta exigencia hecha al cuerpo del cual forma parte el concejal Juan Miguel Suárez porque nos interesa toda medida tendiente a abaratar el costo de la vida. El tópico del encarecimiento de la existencia en Venezuela ha sido más de una vez abordado en esta columna. Y es indudable que la baratura de los servicios públicos tiende a disminuir la presión asfixiante que sobre el caraqueño medio, que sobre el caraqueño de limitados recursos, ejerce el encarecimiento de la vida.
No dudamos que el Concejo dará favorable acogida a este proyecto. Como ya ha aprobado mociones similares de otros concejales. Y todo eso es posible por una sencilla y poderosa razón. Es posible porque el agua es un servicio público en manos de la comunidad, que lo administra a través del Concejo Municipal. Si el control que sobre la electricidad y los transportes ejercen empresas privadas, animadas en sus actividades por la preocupación de la ganancia, rigiera también sobre los acueductos, es indudable que estas rebajas de un 50% en el valor del derecho de agua a satisfacer no podrían obtenerse.
Guiados de la mano por un comentario casuista y en apariencia sin gran importancia, hemos desembocado a toda una tesis: la que reivindica para el Municipio el derecho de ser explotador, concesionario único e intransferible, de los servicios públicos. De aquellos que, por suministrar a la colectividad ventajas irrenunciables, no pueden ni deben ser objeto de la especulación privada.
Sea propicia esta ocasión para insistir, aun cuando sea a la ligera, sobre la urgencia de que cristalice en realidad, y muy pronto, el proyecto de municipalización de la industria eléctrica en el Departamento Vargas. Las ventajas que obtiene la comunidad por el hecho de que sobre los acueductos tenga el Concejo puesta las manos, sin dejar que en él metan las suyas, ávidas, los contratistas particulares, pueden y deben extenderse a los consumidores de luz y energía eléctrica.
La municipalización de los servicios públicos debe ser objetivo y meta de todos los Concejos Municipales progresistas de la República.