La Asamblea Constituyente actualmente reunida en Quito eligió hace tres días nuevo Jefe del Estado. Empero, y previamente, aprobó por aplastante mayoría una moción, cerrando definitivamente el acceso a la Presidencia a dos clases de ciudadanos: a los ex dictadores y a los abogados de compañías extranjeras. Sobre el último extremo de esta moción parlamentaria, de incalculable trascendencia, queremos demorar nuestro interés.
El problema que ha sido abordado y resuelto en Ecuador está vivo, presente, en todos los países de América latina. Es el problema de la ingerencia en los gobiernos nacionales, de abogados directa o indirectamente ligados al capital extranjero. Ese capital, que no viene a nuestros pueblos animado de impulsos cooperacionistas sino para explotar hasta el máximum nuestras reservas naturales de riqueza, utiliza a sus abogados como 'cuñas' introducidas en el aparato estatal del país donde ha hecho cuantiosas inversiones. Y surge así desde el parlamentario hasta el Presidente de República, que ya fueron un día activos agentes judiciales de las compañías extranjeras, sin que por el hecho de escalar una alta posición política rompan el cordón umbilical que los une con tales empresas.
Resulta aún más peligrosa la injerencia de esos abogados del capital financiero internacional en la política de nuestros pueblos cuando han hecho su aprendizaje en compañías de caracterizada vocación interventora. Es el caso de los abogados de compañías petroleras. Estas se caracterizan, internacionalmente, por su agresividad y falta de escrúpulos. En su audacia entra, como factor importante, esa arrogancia de saber íntimamente vinculados sus intereses particulares a los de orden estratégico, militar, de los Estados Mayores de las naciones cuya bandera invocan.
De aquí que tanto las empresas aceiteras, como quienes a su servicio están, hayan adquirido un prestigio internacional de signo negativo. Essad Rey, un escritor reaccionario a carta cabal, recuerda en su libro 'Petróleo y sangre en Oriente' como era popular entre las gentes de Bakú, antes de la revolución que nacionalizó el aceite ruso, esta sentencia: 'No vuelve a ser honrado quien comercia con petróleo'. Dos mesurados escritores ingleses -los señores Davenport y Cooke, autores de la obra The Oils Trusts and Anglo American Relations -abandonan su flema británica, y exclaman en alguna parte de su citada obra: 'Trabajar dentro de una compañía petrolera produce la sensación de alistarse en una dotación de piratas.'
Claro está que no puede intervenir el Estado en el sentido de prohibir a los abogados que agencien y representen los intereses de compañías extranjeras. Ésa es materia que, necesariamente, escapa a su radio de acción. En cuestiones como esa, sólo vinculadas a la ética personal de cada quién, el Estado tiene necesariamente que adoptar una actitud expectante, neutral.
En cambio, sí es deber de quienes gobiernan una Nación en un determinado momento de su historia, negarle acceso, a las altas funciones ejecutivas a cuantos hayan estado, o estén ligados, con empresas de carácter imperialista. No se puede servir a dos amos, afirma un viejo refrán.
Esto es, ni más ni menos, lo que ha dicho la Constituyente ecuatoriana, al oponerIe la valla de una resolución parlamentaria a las ambiciones presidencialistas de abogados, o ex-abogados, de empresas extranjeras. Ecuador, que está empeñado en una lucha viril por la revisión de una serie de contratos lesivos al país y suscritos por gobiernos anteriores, con empresas británicas y norteamericanas, no podía permitir que esas entidades con las cuales pugna colocaran sus propias fichas en el Gobierno de la República.
Esta resolución de la Constituyente ecuatoriana tendrá amplia repercusión en América entera. Ya nuestros pueblos tienen mirada lúcida, y por eso su desconfianza es grande con respecto a la honestidad como funcionarios de quienes estén, o hayan estado, íntimamente unidos a empresas concesionistas extranjeras. La experiencia dura, periódicamente repetida, ha terminado por convencer a nuestras naciones de que son incompatibles las funciones de gobernante de un pueblo con las de abogado unido a compañías interesadas en esquilmar a ese mismo pueblo.
Nosotros tenemos eco y simpatía para la noticia que nos llega de el Ecuador. Todo cuanto tienda a la elevación de la ética del funcionario público debe ser difundido extensamente en un país como el nuestro, donde tantos años de desbarajuste administrativo han dejado una peligrosa herencia de peculado y concusión. Y contra ella iremos contribuyendo a que en los altos puestos de comando del Estado no figuren individualidades de simpatías o conexiones con empresas extranjeras interesadas en el estancamiento de nuestra economía, en el regateo de los beneficios que están obligados a dejarle al país y en la persistencia de prácticas políticas que les son favorables ''.