El diario El Universal, en su edición del 10 de este mes, publica una carta suscrita por numerosos empleados del Estado. En ella, se protesta en tono ecuánime y digno al mismo tiempo, de un editorial de la edición vespertina del diario de La Palma, del 28 de enero pasado, calificando al funcionario gubernamental como Enemigo Público Nº 1
Los que han salido a la palestra del periódico a defender su dignidad de funcionarios hacen ver que en el Presupuesto anual de Gastos, corresponde a los empleados que pudieran calificarse como de clase media, apenas un 15% en el total de las erogaciones por sueldos. Y apoyándose sobre esa constatación numérica, dicen los exponentes: 'Los empleados públicos, sobre todo los que percibimos una modesta remuneración, laboramos por el continuo e ininterrumpido funcionamiento de la maquinaria del Estado. A cambio de esos esfuerzos recibimos en pago alrededor de un 15% de los gastos que ocasiona al Gobierno, la administración y el impulso material y cultural de la Nación.
Nos parece plenamente justificada y digna de que la prensa nacional la acate y respete, esa protesta de un grupo de empleados subalternos de la Administración Pública. La crítica periodística, que las más de las veces soslaya su acción orientadora cuando el blanco a apuntar está situado en los tramos más altos y privilegiados del escalafón administrativo, no debe dirigirse con sevicia contra el empleado público de humilde ubicación y de estipendio mensual apenas suficiente para satisfacer a medias, premiosas necesidades vitales.
Y no hay incompatibilidad entre esta posición nuestra y la que con terquedad hemos sostenido de ataque a la hipertrofia burocrática del Estado venezolano. En nuestra terca campaña contra los sueldos altos y las gabelas injustificadas de que disfruta el burócrata del alto bordo, generalmente parásito del Estado por tradición de familia, no va explícito, ni podría ir, el desconocimiento de que gracias al trabajo an6nimo, y las más de las veces al remunerado de los equipos ministeriales subalternos, es que el Estado nacional puede gobernar y administrar.
No ignoramos, de ninguna manera, que el número de estos empleados subalternos -'oficiales' de direcciones y 'supernumerarios' distribuidos aquí y allá- es muy superior a las necesidades de los diversos despachos ejecutivos. Podría reducirse considerablemente el personal de los empleados públicos. Pero revela superficialidad e ignorancia de la realidad nacional atribuir esa vocación de sectores densos de las clases medias por el cargo gubernamental a 'pereza' o 'incapacidad'.
En justicia, debe reconocer que la empleo manía del hombre medio venezolano es directa consecuencia de la forma cómo está estructurada nuestra economía. En un país sin industrias, de régimen agrícola retrasado, sin instituciones de crédito que impulsen la producción nativa, mediatizado prácticamente al petróleo, el proceso de pauperización de las clases medias se realiza a saltos. De industriales y comerciantes fallidos, de profesionales sin clientela, de intelectuales sin mercado para su obra literaria o artística, de mujeres que han sido obligadas a renunciar al oficio hogareño por la muerte o enfermedad del jefe de la familia, se nutre el funcionarismo. Apelan al Estado todos esos vencidos en la batalla económica, en una sociedad donde las posibilidades de crear riqueza privada son cada vez más difíciles, porque es aquella la única entidad nacional realmente poderosa desde el punto de vista financiero. En un país donde se realiza la antinomia del Gobierno rico y la Nación pobre, es lógico e ineludible que a las puertas del Gobierno patrón toquen todos aquellos ciudadanos de ambos sexos urgidos de ganarse la vida.
De tal modo, que la solución del problema de la hipertrofia administrativa y política no estaría simplemente en el fácil remedio de reducir el número de funcionarios públicos a lo estrictamente indispensable. Habría que atacar el mal de la empleo manía en su raíz. Y no se concibe otra forma de, hacerlo sino creando, vitalizando, la economía nuestra, propia, venezolana. Mientras no haya en Venezuela una industria nacional en pleno proceso de desarrollo; y mientras no se impulse realmente la agricultura y la cría; y mientras no se aumente la capacidad de compra de la población, mediante el sueldo y el salario decentes, será Venezuela nación de densa burocracia.
Hay que hacer, digamos por último, un distingo urgente entre el alto uncionario de vida regalona, jugosa soldada y gabelas múltiples, y el empleado subalterno. El primero es lastre costoso de la Administración; el segundo, necesario elemento en el engranaje gubernamental. Y si contra el primero debe exigirse en todo momento la acción depuradora de la tijera, que realice una poda implacable de los parásitos aferrados a la ubre presupuestal, al segundo debemos respetarlo y protegerlo.
En este último sentido, una ley de estabilidad y escalafón del funcionario publico, que lo ponga a salvo de la destitución injustificada y estimule su ¡trabajo, contribuiría a dignificar y moralizar la Administración federal.
En cuanto a la propensión venezolana por el cargo público no desaparecerá sino cuando nuestra economía tome impulso propio y desarrollo audaz. Mientras estemos exportando 80 millones de bolívares en productos agropecuarios e importando más de 200 millones de bolívares anuales de manufactura extranjera -cifras éstas reveladoras de la quiebra de la economía natural y de la falta en el país de verdaderas industrias de transformación- formarán legión los venezolanos ganosos de 'enchufar' en los gobiernos Nacional o de los estados.