El Secretario del Banco Agrícola y Pecuario, en una carta publicada en las columnas de este diario y en su edición de ayer, replica al comentario nuestro titulado: '¿Qué pasa con los Bs. 3.000.000 destinados a créditos de emergencia para los caficultores?'
Vamos a contestar ese comunicado del Banco dentro del tono de la mayor ecuanimidad. Y para ello, haremos a un lado todo cuanto tenga sabor a polémica formal. Por ejemplo, la lección de economía de manual que en esa carta se nos da, al sostenerse que erramos al afirmar que el Banco 'parece enrumbarse hacia la conquista de dividendos saneados', Es evidente para el más lego en esta materia que usamos la palabra 'dividendo' dándole el sentido de 'beneficios'. Sin embargo, el personero de esta institución, en dómine regañón, nos recuerda que el Banco no es una sociedad por acciones y que por lo tanto no puede repartir dividendos. Esa cátedra que desde el periódico se pretende sentar bien podría establecerla en el propio Banco el doctor Rosales, donde sobran altos funcionarios que la necesitan.
Ahora, entremos en materia. Acusamos al Banco Agrícola de parsimonia para la ejecución del Decreto Ejecutivo de fecha 11 de noviembre, destinando Bs. 3.000.000 como ayuda de emergencia en favor de los caficultores. Y las cifras que presenta el Banco, de créditos concedidos de entonces acá -a un mes largo de haber entrado en vigencia ese decreto- confirma nuestra tesis. Dice el Banco Agrícola que se han tramitado y resuelto favorablemente hasta la fecha 125 solicitudes, entregándose créditos por la suma de Bs. 232.030. Esto significa que apenas el 8% de la suma erogada por el Ejecutivo para créditos de Emergencia en favor de los caficultores, ha sido entregado por el Banco para el cumplimiento de esa posición. ¿Mientras tanto, qué sucede en los centros cafeteros del interior? Que los caficultores pobres, para recoger su cosecha de este año, han tenido que vender café hasta a 18 bolívares el saco de 46 kilogramos. Esto es, a cuatro bolívares menos de la sola prima de exportación, que es de Bs. 22 por saco.
La resolución ejecutiva del 11 de noviembre estipula que, estos créditos debían concederse a quienes comprobaran haber perdido, por causas no imputables a su voluntad, más del 50% de las cosechas; o que, también por motivos extraños a ellos mismos, estuvieran incapacitados económicamente para atender a los gastos requeridos para la recolección de su cosecha.
Y es claro que esa medida, para que pudiera surtir efectivos resultados y para responder al carácter de crédito de Emergencia que expresamente se le dio, ha debido llevarse a la práctica en el plazo máximo de un mes. De modo tal, que en esta fecha ha debido ya haberse inyectado en la economía campesina venezolana -pauperizada; en quiebra- los tres millones de bolívares erogados el 11 de noviembre. Si de ellos sólo un millón de bolívares ha ingresado a la caja del Banco, deber de éste debió ser el de reclamar de Hacienda que existiera en sus cajas fuertes la totalidad de la suma erogada, y no para que se enmoheciera en ellas, sino para que fuera de inmediato a llevar alivio e impulso a la producción cafetera nacional.
¿Por qué no ha sucedido esto? Porque el Banco no se ha interesado en hacer una activa y eficaz campaña de popularización de la resolución del 11 de noviembre. Porque sus agentes y comisionados se han limitado a esperar que los solicitantes acudan a ellos, en vez de ir ellos a los campos a llevar al agricultor desconectado de los centros poblados la noticia de que puede solicitar un crédito de Emergencia para resarcirse de las pérdidas de la cosecha con motivo de las lluvias; o para atender a los gastos de recolección de las mismas.
Claro está que no estamos pidiendo que se regale el dinero de la Nación a los agricultores, por empobrecidos que éstos estén. Sabemos perfectamente que sólo al empirismo cerril de los Gómez pudo ocurrírsele sustituir el crédito por el subsidio. Pero sí exigimos, a conciencia de que estamos sirviendo a los agricultores nacionales y a la economía nacional, en último término, que el Banco Agrícola proceda con el espíritu dinámico y preocupado que debe caracterizar a una institución de crédito estatal.
Ese espíritu -lo dijimos y lo reafirmamos, con énfasis- le ha faltado al Banco en esta oportunidad, procediendo en la aplicación de lo resuelto por el Ejecutivo Federal el!1 de noviembre pasado con una lentitud incompatible con el carácter de crédito de Emergencia que tiene el acordado en esa fecha.
Resulta lógico que se presuma, al ver cómo ha procedido el Banco en esta oportunidad, la intención recóndita de que el remanente de esa suma no aplicado a créditos a los caficultores pueda tener en definitiva otro destino. Es bien sabido que, de acuerdo con las leyes de Hacienda venezolana, los dineros erogados por los Ministerios no pueden ser reintegrados a éstos. Esos Bs. 3.000.000 salieron ya del MAC, con cargo al capítulo de Primas y demás formas de ayuda a la agricultura y a la Cría. Y al MAC no podrán ya, legalmente, volver. Por lo tanto, si es que al mismo paso de tortuga que ha tenido hasta ahora en la ejecución de la Resolución del 11 de noviembre continúa marchando el Banco, es muy posible que dentro de dos meses no haya distribuido ni siquiera un millón de bolívares. Desaparecida -aparentemente- la situación crítica actual de los caficultores, podría entonces acudirse al procedimiento de una nueva Resolución, que incorpore al patrimonio del Banco el remanente en caja, ya que no habría razón para que esa institución dejara de reclamar a Hacienda la totalidad de la suma erogada el 11 de noviembre. Y entonces el Banco -y esto ha sido la causa de nuestra aprensión y de nuestra voz de alerta- quedaría en condiciones de invertir esa suma en préstamos corrientes, bajo condiciones más favorables para el Instituto que las expresamente pautadas en la disposición especial relativa a los caficultores.
No nos lamentamos, de ninguna manera, porque el Banco haya replicado a los puntos de vista expuestos en esta sección. Esta polémica servirá para llamar la atención de los interesados y de los superiores jerárquicos de esa institución, sobre la forma cómo se viene cumpliendo la resolución del 11 de noviembre. Y el Banco -si no quiere exponerse a críticas ponderadas, pero firmes y sin rencores apriorísticos de ninguna clase- procederá a revisar su línea de conducta en este caso.
Multiplique la publicidad acerca de la resolución del 11 de noviembre; vaya, a través de sus agentes y comisionados, al campo venezolano; cercene ese reumatismo burocrático que determina apatía en los agricultores sin 'palancas' poderosas para solicitarle créditos, porque no quieren muchos exponerse a los trámites dilatados; penétrese de la idea de que los Bs. 3.000.000 de créditos para caficultores deben ser inyectados sin más esperas al agro venezolano; haga reformar la Ley porque se rige y sus reglamentos internos, si es que éstos entraban la descentralización de las funciones crediticias del Banco; y todos habremos ganado: los agricultores sentirán un alivio, la economía nacional recibirá impulso, el Banco se librará de la imputación de organismo sin agilidad y flexibilidad para conceder préstamos; y los periodistas preocupados por los problemas del país sentiremos la satisfacción de haber contribuido a que se trabaje con mayor eficacia por solucionados.
Nota del Redactor de 'Economía y Finanzas'. Este artículo fue entregado a las cajas el 15 de diciembre. Por exceso de material no pudo salir publicado en la edición de ayer de este diario. Esto me permite hacerle una adición final. En los periódicos del 16 de diciembre se comenzó a insertar, en sitio visible y con letras llamativas, un Aviso Oficial, llamando a los caficultores a que soliciten créditos en el Banco Agrícola, en las condiciones pautadas por la Resolución del MAC del 11 de noviembre pasado. Ya se ha obtenido, pues, un primer resultado positivo del artículo de esta sección que fuera recibido con tanto desagrado en c1 Banco Agrícola y Pecuario. Es de esperarse que ese A viso Oficial sea punto de partida para una campaña intensa de popularización entre los productores de café de los términos y condiciones en que se le concederá el crédito de emergencia acordado por el Ejecutivo Federal.