Tito León -seudónimo de un escritor de Fantoches, que escribe en la capital de Carabobo- nos ha instado desde las columnas de ese semanario para que abordemos de nuevo el tema de la electricidad cara.
Concretamente se refiere el escrito al caso de Valencia. Allí se paga la Municipalidad la cantidad de Quinientos treinta mil con cincuenta céntimos (Bs. 530,50), diarios, a la empresa eléctrica que suministra el servicio del alumbrado público.
En esa ciudad, como en las otras del Estado, el Municipio dispone de muy escuálidas rentas. Y para atender al crecido gasto de luz eléctrica para calles y plazas, cobrada conforme a tarifas extorsionistas, tiene que mantener impuestos tan onerosos para el pueblo consumidor como el llamado 'derecho de degüello'. En el estado Carabobo la carne de las dos mil reses, que aproximadamente, se benefician por mes, es recargada en su precio en alrededor de Bs. 38.000, por concepto de ese impuesto sobre el consumo. Y este dinero, extraído a la pobreza colectiva, desagua en su mayor parte hacia las cajas fuertes de los empresarios de la electricidad.
El problema de la electricidad cara tiene varias facetas odiosas. No se trata sólo de que la electricidad cara arrase con los ingresos de las rentas municipales y arruine el bolsillo del consumidor medio. Es también el hecho de que el alto precio a que se vende, por empresas particulares, la luz y fuerza eléctrica, constituye un estorbo para el desarrollo de la industria nacional. Entre los gastos mayores que tienen las pocas empresas que en Venezuela han abordado la manufactura de mercancías, y que más las dificultan para producir artículos capaces de competir en precio con los elaborados en las usinas extranjeras, está el de la fuerza motriz con que hacen funcionar sus maquinarias.
Sobre este particular, llegó a conclusiones muy categóricas la comisión interministerial que estudiara las causas de la crisis confrontada por la industria textil. Refiriéndose a las trabas existentes en Venezuela para el próspero desarrollo de esa industria de transformación, dijo así la comisión:
'Igualmente afecta a toda la industria el actual coste de la energía eléctrica. Lo que a este respecto pagaron las empresas durante el año de 1937 monta a la cantidad de Bs. 623.263, cifra que si se compara con el valor total de la producción en el mismo período, que fue de Bs. 9.748.297, alcanza a la importante proporción de 6,4% de dicho valor. Las empresas, con la cooperación del Ejecutivo Federal, podrían intentar conjuntamente una gestión ante los suministradores de energía eléctrica con el objeto de obtener una reducción razonable'.
Hasta donde llegan nuestros informes, esta gestión no se ha intentado. Y aún en caso de realizarse con éxito y de obtener los fabricantes de tejido una especie de bonificación sobre el precio de la energía y luz eléctrica que consumen, quedarían siempre en vigencia las altas tarifas del alumbrado público, del privado y del que utilizan otras industrias diferentes de la textil. De modo tal que este problema, si se quiere resolver realmente, debe abordarse en su conjunto. Y de frente, con audacia.
y a alguna vez comentamos la campaña pro-municipalización de la energía eléctrica que realizó Colombia. Culminación de ella es el hecho de que en una ciudad como Medellín -en trance de renunciar a su antigua fisonomía de centro comercial para devenir una de las más importantes zonas industrializadas del país- se esté vendiendo hoy el kilovatio-hora a Un centavo.
Próximamente se instalarán nuevos concejos municipales en un crecido número de estados de la República. Y aún en aquellos en que las corrientes sociales más progresistas no triunfaron en los comicios -por razones cuyo análisis escapa a la índole de esta sección- actuarán grupos animados del propósito de servir a la colectividad. A esos grupos se les plantea, con la cuestión eléctrica, un magnífico campo de acción. Su empeño más firme debe orientarse hacia la aceptación por las empresas locales que explotan contratos públicos de tarifas racionales, aun cuando existan contratos suscritos con los anteriores concejos para el suministro del alumbrado público. Esos contratos son revisables, porque es doctrina del moderno derecho administrativo -por cierto que esgrimida por el Ejecutivo frente a las compañías petroleras y a propósito de las exoneraciones de impuestos aduaneros-que las convenciones en que el Estado o el Municipio son partes no pueden identificarse a los contratos privados. Son simples beneficios que cede el poder público, y cuyo goce puede ser limitado, o revisado, por disposición posterior, inspirada en necesidades de orden colectivo.
Si es que las empresas se resisten-cómo es de preverse y de temerse- a esta regulación oficial de sus tarifas, queda un camino abierto: la municipalización de sus plantas. La Ley de Expropiación por causa de utilidad pública pauta un procedimiento expeditivo y claro para facilitar el rescate por la colectividad -representada por el Estado o el Municipio- de cualquier género de propiedad particular. El antecedente del distrito Iribarren del estado Lara, que acordó la municipalización de la planta eléctrica local, con sus anexos y sistemas de distribución, es invocable como una saludable advertencia a las empresas, reacias a aceptar esa lícita y urgente regulación oficial de sus tarifas que estamos propugnando.
Electricidad barata: este debe ser uno de los blancos sobre cuales disparen sus esfuerzo!;, coordinados y conscientes, los concejales progresistas que en enero próximo comenzarán a fungir en varios Estados de la Unión.