Autor: Rómulo Betancourt
Título: El concejo municipal del distrito federal fija el precio del azúcar
Fecha de publicación: 14-08-1937
Publicación: Diario Ahora

Hace algunos días abogábamos desde esta columna por la regulación -estatal o municipal- del precio de los artículos de consumo. Decíamos entonces que era deber irrenunciable de los personeros de la colectividad el de impedir que se especulara con esas mercaderías de uso generalizado, por ser elementos básicos en la alimentación y hoy podemos referirnos con satisfacción, a la primera medida que, en ese camino, ha tomado el Concejo Municipal del Distrito Federal. Su Comisión de Abastos, luego de realizar una acuciosa investigación en el mercado caraqueño, propuso y obtuvo la fijación de un precio estándar de venta para las dos variedades, corrientes y fina del azúcar. Ese precio fue fijado en Bs. 0,60 y Bs. 0,70 por kilo.
En sus investigaciones, la Comisión de Abastos constató que un grupo de comerciantes mayoristas tenía acaparados alrededor de 200.000 sacos de azúcar; y dada la circunstancia -apuntada por el Boletín de la Cámara de Comercio en su más reciente entrega- de que faltan varios meses para que algunas centrales cosechen su zafra, esos acaparadores estaban en condiciones de ponerle al azúcar lo que llaman los economistas un "precio de monopolio". Las constataciones de la Comisión de Abastos de la Cámara Municipal de este Distrito son muy interesantes. Vienen a confirmar una tesis, sostenida por nosotros desde esta misma columna y negada sistemáticamente por algunos sectores. Esa tesis es la de que no sólo el bajo rendimiento de nuestra agricultura, -como afirmó la famosa Junta de Abastos designada por el Concejo hace algunos meses- tiene responsabilidad en el alto costo dé dos artículos de consumo. La investigación hecha con el azúcar ha revelado que esa explicación es incompleta. En el sobreprecio que los pone más allá de la capacidad adquisitiva de los sectores pobres de la población, juega también papel importante el agio del acaparador, la maniobra dolosa del que se dedica a especular con el hambre colectiva.
Si una investigación semejante, a la cumplida con respecto al azúcar se realiza en cuanto a los demás artículos de generalizado consumo, se llegará a verificaciones semejantes. El acaparador, al amparo de la lenidad complaciente con que se le ha tratado por las autoridades ejecutivas, ha venido haciendo su trabajo.
Deber del Concejo Municipal, a través de su Comisión de Abastos, es hacer respetar ahora esa fijación que hizo del precio del azúcar. Según la crónica que publica "El Heraldo" de la sesión del Concejo, uno de los ediles apuntó que la corporación no necesitaba de amenazas para hacer respetar sus decisiones. Nos parece que peca de ingenua la apreciación. Sin dotar a ciertas resoluciones -tal como ésta que regula el precio del azúcar- de cláusulas con carácter coactivo, no se logrará su cumplimiento. El acaparador no es propiamente un filántropo, a quien se pueda convencer con buenas razones de que atenta contra la salud colectiva cuando merma con sus maniobras especulativas la dieta alimenticia del pueblo. El miedo del acaparador a una multa fuerte, y aún a sanción más drástica, como sería la de la cancelación de la patente que lo capacita para ejercer el negocio del comercio, es lo único que puede impedir que la especulación con el precio del azúcar continúe, pese a lo acordado en primera discusión por el Concejo y que de seguro será igualmente aprobado en los dos debates posteriores. Creer lo contrario es olvidar la experiencia nuestra y la extranjera.
Desde un punto de vista más general, y digamos teórico la resolución del Concejo Municipal tiene un gran alcance. Sienta una tesis. Afirma una doctrina. Tesis y doctrina que no son otra cosa que la negación de la fórmula liberal de la libre competencia como regulador único del precio de las mercancías. Esa fórmula era invocada ayer mismo, desde la primera página de un diario capitalino, como la única que debía regir las fluctuaciones de los precios. Esta concepción manchesteriana está hoy en bancarrota. En todos los países la intervención estatal o municipal hace acto de presencia, para poner al consumidor al abrigo de las maniobras de quienes, al amparo mismo de esa libre concurrencia y a través de un proceso de concentración de la riqueza, han llegado a ser los monopolizadores de todos los medios de producción y de cambio.
Este intervencionismo en favor de los sectores menos favorecidos de la sociedad, al cual ha acudido el Concejo Municipal en el caso del azúcar, lo condensa el Presidente Roosevelt, de Estados Unidos, en su conocida fórmula de Gobierno: "Protejamos a los pobres, que los ricos se protegen ellos mismos".