Autor: Rómulo Betancourt
Título: Observaciones a un comunicado de la asociación nacional de agricultores de caña de azúcar
Fecha de publicación: 19-08-1937
Publicación: Diario Ahora

Los diarios de ayer publican un Comunicado de la Asociación Nacional de Agricultores de Caña. Alrededor de él vamos a hacer algunas observaciones. No nos guía un afán de polémica, sino el propósito de contribuir desde esta columna a que cuestión de tanta monta como es la de la fijación del precio del azúcar se realice en perjuicio sólo de los acaparadores, y de ningún modo de los productores o de los consumidores, únicas partes que merecen beligerancia en el debate. Siendo la Asociación Nacional de Agricultores de Caña de azúcar el organismo representativo del sector de productores, su palabra debe ser estudiada con la mayor atención.
Guiados por el propósito de acoplar todos los elementos de juicio puedan servirnos en la materia de que hemos venido ocupándonos en esta sección, dándole la importancia por ella reclamada, acudimos ayer al Concejo Municipal. Allí nos encontramos listos para ser discutida en la corporación, una representación de la Asociación Nacional de Agricultores de Caña, la cual no coincide totalmente con el Comunicado inserto en los diarios de ayer por la misma entidad.
En su Comunicado a la prensa, la asamblea de la A.N. de A. de C., "considera en primer lugar que el Concejo Municipal carece de la facultad que él mismo se atribuye para fijar el referido precio", refiriéndose al del azúcar. Ahora bien, en su representación al Concejo, firmada en fecha muy recientemente anterior a la que trae el Comunicado, la misma entidad reconocía tácitamente la facultad de la corporación municipal para regular el costo de la vida, mediante la fijación de precios a los artículos de primera necesidad. Es más, ni siquiera se objetaba los precios de venta propuestos en el Concejo, por no-retributivos, sino por temor de que una ordenanza posterior revisara esos precios y los redujera aún más. El párrafo que contiene esos conceptos dice así: "Sin duda los productores de caña podrían conformarse con lo precios fijados por el Ilustre Concejo Municipal si pudiera tener la seguridad de que tales precios serían estables, pero sin esa seguridad, es natural y humano el deseo de resarcirse de las cuantiosas pérdidas que sufrieron en los tiempos de crisis y que no podrían cubrir nunca si llegada la oportunidad les fuera reducida por una ordenanza el margen de utilidad conque contaron para equilibrar las pérdidas anteriores".
También es interesante la observación de que la A.N. de A de C. en su Comunicado al Concejo, le sugería la fijación de los precios de venta de Bs. 8 y Bs. 8,50, para las variedades corriente y fina del artículo, hasta el 31 de octubre; y precios menores para los meses posteriores, que son los de plena zafra. En defensa de esos precios sugeridos que los comerciantes e industriales en pequeño pudieran liquidar de aquí a octubre sus existencias. Pero el temor del perjuicio a uno como a otro sector debe descartarse. Recuérdese que los industriales que manipulan con azúcar se dirigieron al Concejo pidiendo precisamente la fijación del precio del artículo a límites de Comerciantes minoristas, en comunicado al Concejo, citado por nosotros en nuestro artículo de ayer, manifestaba necesitar sólo de un plazo de 8 días para desembarazarse de sus existencias compradas a precios más altos que los sugeridos en la corporación municipal.
Otro concepto del comunicado a la prensa de la A.N. de A de C., nos va a merecer comentario. Refiriéndose al alto costo de la vida dice que no sólo se debe a los precios del azúcar -con lo cual estamos plenamente de acuerdo- pero se agrega -y aquí comienza nuestra disidencia- "que esa cuestión no la soluciona medida oficial alguna, por ser ella de un orden económico sumamente complejo y difícil aquí como en todas partes". Y no estamos de acuerdo con esa tesis porque consecuentemente hemos defendido en esta columna la necesidad de que no se deje al arbitrio de la famosa ley liberar de la oferta y la demanda los precios de aquellos artículos de tan generalizado consumo que bien pueden ser considerados como de utilidad pública. El Estado o el Municipio deben hacerse sentir, como interprete y personero de la colectividad, para regular los precios de venta de tales artículos.
Es oportuno aclarar que no reclamamos ni remotamente la paternidad de este criterio social-administrativo. Este ha llegado a ser ya manoseado lugar común en boca de los gobernadores de todos los países.
La realidad es la de que, internacionalmente, se tiende hoy a la regulación oficial de ciertas industrias. Y ésta del azúcar es de las más intervenidas por el poder público, debido a la circunstancia de ser tan importante el artículo que produce en la dieta alimenticia del hombre. Así, en nuestra vecina Colombia, se ha tomado recientemente una medida gubernamental a la que alude en su No 1 la Revista del Banco Agrícola y Pecuario en los siguientes términos: Para controlar el precio de los víveres en Bogotá, ha propuesto la Municipalidad la celebración de un contrato con el consorcio azucarero para distribuir el azúcar entre los comerciantes al detal y conseguir de ese modo un precio uniforme en el mercado". Y en Costa Rica, después de haber acudido las municipalidades a la importación de azúcar ya otros medios de igual índole para abaratar el producto, se ha llegado a más: el Congreso discute en la actualidad una Ley de Precios. Faculta al Ejecutivo para regular por decreto los precios de los artículos de consumo generalizado. Comentando esta Ley de Precios, el Presidente Cortés de aquel país ha dicho en un reportaje de periódico: "Las necesidades y conveniencias de la sociedad, la marcha misma de la evolución mundial, que dejan en rezago muchas veces a las más modernas constituciones, hacen que en circunstancias excepcionales se dicten leyes especiales con el consentimiento de todos". Y más adelante agrega, refiriéndose al sentido intervencionista de es legislación: "En una intervención lógica, natural del Estado tras mediación de la autoridad en un conflicto que desgraciadamente azota a una inmensa mayoría de las gentes" y digamos, para concluir, que no ignoramos la situación difícil que está la industria azucarera. Efectivamente, fue de las más afectadas por la crisis. Pero lo indicado es llegar a un justo término medio en el precio del artículo, que concilie la lógica aspiración de beneficios de los productores con la impostergable necesidad colectiva de que no sea prohibitivo el precio de un artículo básico en la alimentación del hombre moderno.