Autor: Rómulo Betancourt
Título: Derivaciones de un acuerdo del Concejo Municipal del Distrito Federal
Fecha de publicación: 22-08-1937
Publicación: Diario Ahora

Era lógico esperar que la medida adoptada por el Concejo Municipal del Distrito Federal de fijarle precios de venta al azúcar, calificándole como artículo de primera necesidad, trajera derivaciones polémicas. Ya han comenzado.
Ya se ha insinuado, en Comunicado del Ministerio de Agricultura, y se ha dicho más concretamente en la primera página de un diario capitalino, que peligro de muerte corre el acuerdo edilicio si va a los estrados de la Corte Federal y de Casación.
Se plantea ya en Venezuela esa pugna -que en Estados Unidos tiene su conocida expresión en la lucha entre el Gobierno Roosevelt y la Corte Suprema¯ de un derecho nuevo que se está creando a golpes de necesidad, por mandatos de una evolución colectiva que desborda la letra de los textos constitucionales.
Si nuestra Corte Federal y de Casación se sitúa en un ángulo de intransigencia, es muy posible que sentencie anulando la disposición del Concejo. Esa "libertad de comercio" que la Constitución garantiza a los venezolanos, interpretada en un sentido estrecho, significa la posibilidad sin límites para comprar, vender y revender al precio que nos cuadre.
Pero al Iado de esta concepción estrecha, vieja de más de cincuenta años, hay otra, que ya hoy ha transcendido de las obras del tratadista perspicaz para traducirse en norma y directriz de una cantidad crecida de los gobiernos más civilizados de la tierra. Nos referimos a la que pone límites en la conveniencia colectiva a ese derecho, teóricamente ilimitado, que las Constituciones inspiradas en los principios de la economía liberal, acordada a los ciudadanos para producir y comerciar.
Hoy, en Europa como en América, se tiende a una creciente regulación por el Estado o las municipalidades de las industrias y del comercio, sobre todo cuanto afectan a artículos que por su consumo generalizado merecen ser incluidos entre los de utilidad pública.
Y el Estado o el Municipio intervencionista no hace sino enfrentarse a una realidad indiscutible: la creada por el monopolio ¯precisamente la negación de esa teórica libertad de comercio¯ que de hecho ejercen minorías privilegiadas sobre los principales medios de producción y de cambio, y en perjuicio de las densas mayorías no poseyentes.
No sólo en los países que han alcanzado un estadio superior de desarrollo industrial, sino aún en aquellos que como Venezuela poseen una economía en formación y pre-capitalista, se observa el mismo fenómeno: la libre concurrencia ha tendido a desaparecer, para ser substituida por lo que es su negación, el monopolio.
Y son precisamente los monopolistas y sus teóricos los que esgrimen más encarnizadamente el principio de la libre concurrencia y de la libertad de comercio, cuando ven sus intereses amenazados.
Ahora bien, la demanda ante la corte Federal para echar por tierra lo acordado por el Concejo Municipal del Distrito Federal le será fácil de contestar a los abogados de la corporación municipal capitalina. Hay una extensa jurisprudencia internacional, que ha culminado en las recientes sentencias de la corte Suprema de los Estados Unidos sobre el reconocimiento de las Uniones Obreras, consagratoria de la tesis del intervencionismo gubernamental en cuestiones económico-sociales. Esa jurisprudencia, así como la legislación positiva de Estados Unidos en materia eléctrica, de Colombia con respecto al café, la copra, el algodón y el banano; de Argentina con respecto a la gasolina; de México con la estatización de ferrocarriles; de Francia cuando nacionaliza la industria de guerra, etc., revela hasta la saciedad que ya ha perdido carácter de innovación y está consagrada por el hecho y por la doctrina la tesis de que el poder público debe hacerse sentir cuando coliden los intereses individuales condensados en las Cartas Políticas, peor para estos principios.
En nuestro artículo de mañana comentaremos el Comunicado del Ministerio de Agricultura y Cría, relacionado con este mismo tónico del azúcar. No escapará a nadie la importancia de este tema. Se trata de defender una posición ¯la que le acuerda a los organismo gubernamentales la facultad de interferir y dirigir los procesos económicos¯ de cuyo triunfo o fracaso depende el porvenir de Venezuela.
El dilema no tiene una tercera salida: o Venezuela continúa viviendo estancada en el atraso económico, gozando del poco glorioso privilegio de ser el último refugio de los principios liberales de la economía, derrotados internacional mente; o Venezuela marca también el paso y audazmente marcha hacia el futuro, al mismo ritmo con que avanzan las naciones donde el Estado y el Municipio animados de anhelos progresistas, hace sentir su acción intuitiva en los procesos de producción y distribución de materias primas y mercancías elaboradas.