Autor: Rómulo Betancourt
Título: América se defiende de la Electric Bond and Share
Fecha de publicación: 03-08-1937
Publicación: Diario Ahora

En nuestro anterior comentario, hicimos ver que, bajo denominaciones diferentes en los distintos países de América, opera una misma poderosa empresa norteamericana de electricidad. Esta Elcctric Bond and Share ¯sociedad para la venta de "bonos y acciones" organizada por la General Electric¯ se ha impuesto como misión controlar desde México hasta la Argentina las fuentes de energía eléctrica, y la producción, distribución y venta de la luz y fuerza motriz generadas por aquéllas.
Ante esta ofensiva del poderoso trust sobre la industria eléctrica en Indoamérica, los observadores extranjeros formulaban las más pesimistas conclusiones. Paul Blanshard, desde las columnas del ya citado artículo de The Nation, afirmaba que "la Electric Bond and Share estaba venciendo la resistencia a la compra de América Latina". Nuestras fuentes de energía eléctrica estaban fatalmente condenadas a caer bajo el control del capital norteamericano. Y fundamentaba conclusión tan poco alentadora en la tesis de que si eran habilidosos "los dirigentes del trust eléctrico para burlar las trabas que las ordenanzas municipales de Estados Unidos ponen a los monopolios de servicios públicos, cómo no les iba a ser fácil vencer la débil resistencia de los gobiernos de la América nuestra. "Esos gobiernos, concluía diciendo el articulista, son débiles y pobres. Cuesta menos dinero comprar sus funcionarios que el que se necesita para comprar profesores de colegio y periodistas de los Estados Unidos".
Las predicciones de Blanshard venían cumpliéndose. La Electric Bond and Share iba extendiendo su compleja tela de araña ¯dentro de cuyas mallas le quedaba asegurado el monopolio de la industria eléctrica¯ de un extremo a otro del continente..
Dos países fueron los primeros en reaccionar frente a esta ofensiva. Nos referimos a Colombia y Costa Rica. En Colombia, se inició un proceso de municipalización de los servicios de energía eléctrica. Las municipalidades, para realizar con mayores seguridades de éxito esa acción defensiva, realizaban asociaciones ente sí. El movimiento pro-emancipación de la industria eléctrica del control privado se hizo nacional. Y hoy, varios años después de haber comenzado, continúa con igual intensidad. La EIectric Bond ha ido perdiendo varias de sus plazas fuertes en esa lucha que contra sus tendencias absorbentes y lesivas para la comunidad ha emprendido el organismo municipal de la República vecina.
En Costa Rica, la acción defensiva en el campo de la industria eléctrica adquirió un sentido nacional desde el momento mismo de iniciarse. El problema de la electricidad bajo el control de empresas privadas extranjeras fue debatido en el Congreso, y este, atento a las voces de alerta lanzadas por hombres previsivos de ese país, nacionalizó la energía eléctrica por decretos de 31 de julio de 1926 y de 11 de agosto de 1929.
Las mismas disposiciones legislativas que hicieron de la industria eléctrica, un monopolio del Estado, preveían la creación de la Junta Nacional de Electricidad. La función de ésta era la de regular las relaciones entre las empresas privadas y los consumidores, mientras estuviera la Nación en capacidad financiera para indemnizar a la Electric Bond del valor de sus inversiones en las empresas que pasarían a manos del Estado.
Al frente de la Junta Nacional de Electricidad puso el Gobierno de aquel país según detallada información que estamos leyendo en una revista de Costa Rica al Licenciado Alfredo González Flores ex-presidente de la República. Este emprendió una lucha terca contra la empresa norteamericana, reacia a aceptar la fijación de tarifas por la Junta a que hemos aludido; y llegó aquella, inclusive, a utilizar procedimientos dolosos para burlar la previsiva legislación dictada por el Congreso. En su informe anual de 1929, el Lic. González Flores afirmaba que la empresa en cuestión estaba explotando de contrabando el San José, más de tres mil caballos de fuerza eléctrica, por un valor cercano a un millón de colones anuales. Y acompañaba a ese informe con un proyecto de "Ley de contrabando", en el cual se proveía a la Junta Nacional de Electricidad de medios legales, de carácter coactivo, para ponerla en condiciones de reprimir ese y otros abusos de las empresas.
La lucha entre la Electric Bond and Share y el Estado costarricense, por lo que vemos en prensa de ese país, que llega hasta nuestra redacción continúa. La empresa se mantiene reacia a aceptarla fijación de tarifas por la Junta Nacional de Electricidad. No obstante la presión y vigilancia permanente de ésta han obligado a la compañía monopolizadora de la industria a rebajar paulatinamente el precio de los servicios que presta y a mejorar sus instalaciones. En definitiva, tendrá que aceptarla fijación estatal de tarifas; y, en todo caso, al Estado le queda abierto la perspectiva, señalada expresamente por la Ley de Nacionalización de la energía eléctrica, de expropiar a las empresas mediante el pago del avalúo que ya se ha hecho de sus inversiones por peritos designados al efecto.
Estas experiencias hechas por otros pueblos americanos deben servirnos de pauta. Y pasar de la romántica protesta impresa contra los monopolios privados de servicios públicos a la acción coordinada y enérgica para ponerlos en manos del Estado o del Municipio. La nacionalización de la energía eléctrica es tarea que debe abordar sin vacilaciones el Congreso de 1938; y mientras tanto, las municipalidades del país que confronten el problema de que la electricidad esté controlada por particulares, deben buscar los medios prácticos de rescatar esas empresas de manos privadas y hacer de ellas servicios municipales, en los cuales no prive el egoísta afán de beneficios, sino el supremo interés de suministrarle al consumidor luz y fuerza eléctrica eficientes y a tarifas bajas.