Autor: Rómulo Betancourt
Título: Necesidad de un catastro de tierras baldías y de una política agraria
Fecha de publicación: 27-07-1937
Publicación: Diario Ahora

Ayer, sin regatear nuestro aplauso, comentamos en esta columna el ensayo de cultivo técnico, y animado de un espíritu de justicia social, que está haciendo el Banco Agrícola y Pecuario en alguno de los fundos que constituyen la posesión "El Trompillo".
Aún prosperando esa colonia, aún alcanzando magníficos éxitos, resulta un remedio parcial y de una proyección colectiva muy limitada. ¿Es que basta con arrancar de sus espantosas condiciones de vida y de su rutina como productores a unos cientos de campesinos venezolanos para que se comience siquiera a solucionar el vasto y dramático problema agrario del país?
Ese problema es de primer plano. Es uno de los más agudamente planteados en el país. Y hubo satisfacción en los venezolanos preocupados por el porvenir de la nacionalidad cuando el Presidente de la República, en su programa administrativo del 21 de Febrero de 1936, prometió, en el aparte g) del Capítulo V, que su administración realizaría lo siguiente: "Catastro de las tierras baldías. Formulación de una política de venta y distribución de tierras, acomodada a las varias zonas del país. Estudio de los problemas relacionados con el latifundio y su parcelamiento".
Lo más simple y asequible de ese esbozo de plan de reforma agraria está aún sin realizar. No se ha hecho todavía un catastro de las tierras baldías del país, inventario indispensable para saberse a ciencia cierta cuáles son las tierras del Estado donde pueda sembrar, alzar su rancho y esperar su cosecha el campesino desposeído, sin temor a que el terrateniente le obligue luego a desalojar la parcela ocupada mediante la exhibición de un título de propiedad.
La situación creada por este retardo para hacer el catastro de las tierras baldías la enfocó muy bien, en la sesión parlamentaria del primero de Junio pasado, el diputado por Lara, Dr. Armando Oropeza. Hizo moción para excitar al Ministerio de Agricultura en el sentido de que con premura ordenara levantar el catastro de tierras baldías. Y en respaldo de su moción dijo palabras terminantes: "De mi región sé decir que surgen constantes clamores porque no se ha levantado ese catastro. Por falta de catastro, las personas pudientes de las distintas regiones del país se han apoderado de grandes extensiones de tierras, con ciertos visos de legalidad, de donde ha resultado prácticamente el aumento de los latifundios, que es lo que yo creo debemos combatir".
El diputado de Carora puso el dedo sobre la llaga. Dejó constancia de un hecho constatable a través de todos los Estados venezolanos: el acaparamiento de tierras laborables por individuos de recursos, quienes se han prevalido de sus vinculaciones con los Gobiernos para obtener sin dificultad extensas zonas por ellos denunciadas; y, de paso, afirmó la necesidad de combatir esa traba poderosa al desarrollo de nuestra agricultura: el latifundio. Como se ha afirmado, por quienes repudian por sistema toda tímida reforma social, que sólo personas profesantes de las más radicales doctrinas revolucionarias combaten el latifundio, es oportuno recordar que el diputado Oropeza se cuenta entre los mayores propietarios de su región. Y por su misma posición de terrateniente -pero al Iado de eso, de hombre cultivado intelectualmente y anheloso de ver incorporada y en marcha a Venezuela-, se ha convencido de que el latifundio es el escollo primordial para el desarrollo de nuestra economía campesina.
Cabe preguntar: ¿qué espera el Ministerio de Agricultura para cumplir la promesa hecha en el Programa de Febrero, y que fue recordada desde la tribuna parlamentaria, de levantar un catastro de las tierras baldías del país? Es obra no susceptible de esperas, ni reclamadora de cuantiosos recursos, la de hacer ese inventario de tierras disponibles.
Y realizado ese inventario, algo más que conceder parcelas en las tierras libres, o que rescatarlas de quienes en la actualidad las usurpan, le corresponde hacer al Estado. Sería el momento de intentar, en grande eso que en proporciones reducidas se está haciendo en algunas tierras de la Nación. No basta con darle un pedazo de tierra al campesino. Si con esa heredad no se le dota de una casa decente, de semilla y de implementos, de dirección técnica y de facilidades de mercados, terminará por perecer en manos del intermediario; y después de fracasar como productor independiente, volverá otra vez a ser siervo de la gleba en la gran hacienda del latifundista.
Proceder a realizar una reforma agraria y elaborar una política campesina con vista a la creación de una economía parcelaria en el campo, es para el Estado no sólo un imperativo de justicia social. Desde el punto de vista de la riqueza nacional, que todo Estado consciente de sus fines está en el deber de incrementar, es también urgente una modificación profunda en el régimen de producción agrícola. Porque en Venezuela, como en el resto de los países de América Latina, el sistema latifundista debe ser liquidado no sólo por lo que entraña de atentado contra la justicia, sino también por su bajo rendimiento.