Autor: Rómulo Betancourt
Título: Sobre la modificación arancelaria respecto al kerosene
Fecha de publicación: 04-01-1938
Publicación: Diario Ahora

El Ministerio de Hacienda ha dictado una resolución modificando el tributo aduanero sobre el kerosene. Se ha fijado este subproducto del petróleo en la 1ra. Clase menos el 80%. Como el impuesto sobre el consumo fijado por la Ley para los derivados del aceite mineral es del 50% de los derechos de importación que hubieran producido siendo importados, es claro que con esa medida se aspira al abaratamiento del aludido combustible.
La finalidad perseguida por esta resolución oficial no puede ser más encomiable. Se pretende como reza en sus considerandos la resolución ministerial, proteger las reservas forestales del país, mediante la intensificación del consumo de combustible minerales, substitutos del carbón vegetal.
Reconociendo, como lo hemos hecho, la bondad de la intención, no nos parece que la resolución ministerial, tal como ha sido tomada, cumpla eficazmente con la finalidad de abaratar el kerosene.
La producción de este artículo está en manos de un reducido grupo de grandes empresas, las mismas que explotan el petróleo del subsuelo nacional. Por lo tanto, resulta muy fácil para ellas acordarse, como lo han hecho siempre con respecto a la gasolina, para fijarle al kerosene un tipo uniforme de precio. En otras palabras, establecer lo que los economistas llaman >. Para la fijación de este precio, muy poco le puede importar a las empresas el nuevo arancel establecido por el Ministerio de Hacienda con respecto al kerosene. Este razonamiento nos conduce a considerar como unilateral la medida adoptada por Hacienda. Ha debido completarse con ese decreto oficial sobre cuya urgencia ya hemos hablado alguna vez: el que capacite al Ejecutivo para tarifar los precios de los derivados del aceite negro. Las compañías -lo hemos ya apuntado y cabe repetido aquí- nada podrían objetar a un decreto de tal índole, porque han acatado el similar que desde hace algún tiempo regula en México el precio de los carburantes.
Pero, ahondando más en el problema llegaremos necesariamente a la conclusión de que medida más eficaz que una modificación arancelaria, aún reglamentada, debiera tomarse en Venezuela para abaratar los combustibles derivados del petróleo.
Venezuela, produciendo anualmente ciento cincuenta millones de barriles de petróleo, ocupando el sitio que le corresponde en la escala mundial de producción del preciado combustible, debiera consumir aceite mineral y todos sus subproductos a precios bajísimos.
No hay dificultad para ello. Bastaría que se rompiera el monopolio de hecho inaudito que ejercen las empresas petroleras de la refinación y venta de los derivados del aceite mineral, para que no se repitiera más el hecho inaudito de que los subproductos del petróleo venezolano se vendan más baratos en el exterior que en nuestro país.
El Ciudadano Presidente de la República, en un reportaje publicado en las columnas de Ahora por el periodista argentino Blaya Allende habló de la aspiración de su Gobierno de que se refinara en el interior del país la mayor parte del petróleo extraído de su subsuelo.
Esa aspiración es fácilmente realizable. Bastaría con que se dieran los pasos requeridos para el establecimiento de refinerías del Estado, o dando participación en ellas al capital privado, y tratando en esa refinería la mayor cantidad posible del petróleo que puede recibir en especie la Nación, por concepto de participación o royalty.
Como es sabido, las leyes sobre hidrocarburos y demás minerales combustibles han establecido siempre en Venezuela que el Estado puede optar entre recibir >, esto es, en petróleo crudo, o en dinero, el 10% de participación legal en lo producido por cada concesión. Bastaría, pues, con que el Ejecutivo acordara recibir en petróleo una parte de los impuestos que cobra la Nación a las compañías petroleras y que al mismo tiempo se refinara en una planta nacional ese petróleo, para que nos pusiéramos en condiciones de bastamos a nosotros mismos en el consumo de gasolina, kerosene, fuel-oil y demás derivados del aceite mineral.
El Estado, refinador y distribuidor de carburantes derivados del petróleo, no tendría un criterio expoliador, como el de una empresa extranjera, a la cual muy poco interesa el desarrollo y avance de nuestra economía. Por consiguiente, el Estado vendería los derivados del aceite negro con un margen reducido de utilidad, permitiendo el consumo en proporciones progresivamente creciente del aceite mineral.
La planta de refinación suficiente para abastecer el consumo interno de gasolina y productos del petróleo no costaría, según cálculos hechos por expertos, más de diez millones de bolívares. Una octava parte de las reservas del Tesoro, lo que indica que la empresa bien podría abordarse ahora mismo.
Insistiremos sobre éste y otros temas relacionados con la economía nacional al comentar, en sucesivos artículos, algunos de los aspectos del Plan Trienal presentado por el ciudadano Presidente a la consideración de la Nación.