Entrevistadores: Sofía Ímber
Entrevistado: Pedro Pablo Aguilar, diputado del Congreso Nacional, jefe de la Fracción Parlamentaria del partido socialcristiano Copei
Programa: Buenos días
Canal: Venezolana de Televisión
Fecha: 14-07-1970

Pedro Pablo Aguilar aseguró que, contrariamente a lo que se ha afirmado y se cree, su posición y la de Jorge Olavarría sobre la licitación de la Planta de Laminados de Sidor, no fue idéntica cuando se suscitó el primer debate y la investigación sobre el tema de 1968.
- Yo, actuando en nombre de mi Partido, estuve muy distintamente motivado, como ha quedado ahora en evidencia. Además, tuve cuidado de decir en mis intervenciones en la Cámara que, de ganar las elecciones el Dr. Caldera, las razones éticas no serían excluidas del proceso calificatorio de empresas postulantes. No tiene, pues, nada de raro que también después del 11 de marzo del año pasado, la empresa Innocenti haya seguido descalificada.
Prosiguió:
- Lo que ha hecho Jorge Olavarría al leer en el Congreso una supuesta acta de una reunión que nunca tuvo lugar, fue comparable al crimen perfecto de las novelas policíacas, que su autor planifica con todo cuidado, pero que un hecho imprevisto tira por tierra. Por ejemplo, el criminal se ha preparado una coartada para que se crea que estuvo todo el tiempo en cierto lugar y hace, mientras tanto, un viaje secreto para realizar su crimen. Pero resulta que al regresar y desembarcar del avión, se encuentra con que ha sido el pasajero número un millón de la línea aérea y los están esperando con champaña y fotógrafos. Así le ha pasado a Jorge Olavarría. Él sabía que los martes suele haber reuniones del Comité Nacional de Copei con el Presidente Caldera en La Casona. Tenía anotado en su agenda que ese día había almorzado con el Presidente Caldera. Con esos y otros elementos, fabricó un mosaico que él mismo ha calificado de verosímil. Pero no se dio cuenta de que ese martes 16 de diciembre de 1969, la reunión usual no había tenido lugar, ya que ese día lo que hubo fue reunión de Gabinete en Miraflores, en lugar del miércoles que es lo usual, por tener el Presidente que viajar a la frontera colombiana al día siguiente para entrevistarse con el presidente Lleras. Todo lo que hizo Caldera ese día está reseñado en los diarios del 17. La prueba es pública, pues, de la burda fabricación que ha realizado Olavarría.
Añadió el entrevistado:
- Al hacerlo, ¿está actuando directamente al servicio de la empresa Innocenti? No lo he afirmado categóricamente. Con la seriedad que me caracteriza, no he formulado ese sospecha en forma de acusación. Pero lo que sí sé es que Innocenti ha multiplicado los contactos con todos los partidos, con todos los parlamentarios independientes, etc., y eso da lugar a suspicacias muy fundadas.
Aguilar continuó describiendo los hechos acontencidos:
- Cuando promovimos la investigación en el Congreso en 1968, actuábamos como un partido serio, con expectativa de poder. Por eso tuvimos cuidado de hacer reservas en el debate, y afirmamos que, en el momento de dar la buena pro, también un gobierno de Copei tomaría en cuenta consideraciones morales. No es cierto que esa investigación haya sido infundada. Tampoco es cierto que haya hecho daño al país. El proceso de licitación siguió su curso normal, y no es posible que las empresas calificadas en ningún caso hubieran presentado sus ofertas antes de la fecha cuando lo han hecho, 30.6.70. Más bien esa fecha límite se fijó porque una de las compañías pidió una prórroga. En cuanto al precio, es falso que haya una diferencia con relación a alguna oferta anterior. Lo único que había como punto de referencia era una estimación hecha por Sidor. Es sólo ahora que las empresas postulantes han señalado su estimación del costo.
Por último, concluyó:
- En cuanto a lo que dije en el Congreso sobre la posible acción penal contra Jorge Olavarría, a pesar de ser él Diputado, desde luego que la Constitución Nacional consagra que los congresantes son irresponsables por las opiniones que emitan en el ejercicio de sus funciones. Pero se plantea una cuestión muy delicada cuando un parlamentario usa ese fuero para cometer actos francamente delictivos ¿Hasta donde puede el Congreso ver con indiferencia que el fuero parlamentario sea abusado de esa forma?